Auditorías de confianza

En la función de auditoría externa de las cuentas de una empresa, muy especialmente de las empresas que cotizan en Bolsa o dependen de inversores externos, debería descansar gran parte de la confianza en los registros contables. Estos son a su vez una pieza esencial de la información económica y financiera más amplia en cualquier economía. En la actualidad, más allá de las empresas legalmente obligadas a esa supervisión de la contabilidad anual, la auditoría externa e independiente está siendo aceptada por muchas otras empresas como un saludable ejercicio mínimo de transparencia. Aunque la crisis haya reducido circunstancialmente el número de empresas objeto de esa revisión, esa función está llamada a desempeñar un papel todavía más importante. Especialmente si el sistema financiero cobra la diversidad institucional y garantiza la amplitud de fuentes de financiación de otros sistemas menos basados en la intermediación bancaria convencional.

Para ello es fundamental que el ejercicio de esa función proyecte la confianza suficiente. Es decir, que las empresas que la practican dispongan de trayectorias impecables en su ejecución. Y es que la relevancia que se le asigna en el funcionamiento de los mercados financieros no siempre se corresponde con la calidad que desempeñan las firmas auditoras. Han sido frecuentes las anomalías o escándalos que han jalonado la trayectoria de la mayoría de ellas. Y esos episodios son de especial significación en el caso de las multinacionales que dominan el mercado. Desde el episodio que provocó la desaparición de Arthur Andersen tras las revelaciones del caso Enron no han faltado sobresaltos que han contribuido a minar esa confianza, activo básico de la función.

La trascendencia de las limitaciones en el desempeño de la función es particularmente importante si se tiene presente la situación de poder de mercado que, de hecho, ejercen las cuatro firmas más importantes el mundo. Aunque formalmente no existan barreras de entrada al ejercicio de esa profesión, no es fácil que compañías nacionales o de menor dimensión que las que dominan el oligopolio de hecho puedan acceder al ejercicio de esa función en las mayores compañías del país, las que conforman el Ibex 35, por ejemplo.

Deloitte, E&Y, KPMG y PwC parecen ser de las pocas empresas a cuyas cuentas de resultados no les afecta de forma significativa la crisis. En ello no solo concurre la obligación legal de las compañías cotizadas de disponer de esos informes de auditoría, sino también el reforzamiento de sus ingresos por otros conceptos distintos de la revisión anual de las cuentas. En realidad, no deja de ser inquietante que cada vez tengan más peso los ingresos adicionales a la auditoría en sentido estricto, desde el asesoramiento fiscal a la consultoría o la formación. No es una situación muy distinta de la que ha motivado las cautelas con la función que desempeñan las agencias de rating.

El control de auditoría debe ejercerse sin el más mínimo conflicto de intereses y con el rigor y calidad necesarios. Y en la supervisión de estos aspectos, las autoridades, en especial los supervisores financieros, han de ser especialmente celosos. La confianza, factor esencial en el funcionamiento del sistema económico basado en el mercado, exige que el mercado en el que operan estas instituciones sea suficientemente transparente y plural.