El fiscal denuncia que se engañó a los empleados de las cajas con la liquidez de las preferentes

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha denunciado esta tarde que las entidades financieras engañaron primero a sus empleados con la supuesta liquidez de las preferentes y afirma que este proceder es un ejemplo patente de "mala fe en la praxis bancaria".

Al respecto, ha recordado que la cajas gallegas entregaron a sus empleados un argumentario en el que parecía garantizarse la liquidez de este producto.

Varela, que ha comparecido esta tarde en el Parlamento de Galicia ante la comisión que investiga el proceso de fusión de las cajas gallegas, ha anunciado que así lo intentará demostrar en el juicio que comienza en A Coruña el 19 de septiembre.

Dicho juicio por la comercialización de participaciones preferentes y subordinadas se celebrara en el juzgado de instrucción número 11 tras la demanda presentada por la Fiscalía Superior de Galicia.

El ministerio fiscal presentó hace un año su demanda en defensa de los intereses colectivos de los afectados por la comercialización de estos productos.

En ella, el fiscal interesa el depósito, por parte de las entidades demandadas, de 1.108 millones de euros, cantidad que resulta del cálculo aproximado de las cantidades obtenidas como consecuencia de las prácticas abusivas por la venta de estos productos.

Ha advertido esta tarde de que el entorno procesal está pensado para un formato de pleito dual y no de carácter masivo como ocurre con los 43.000 afectados por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada de Novagalicia Banco.

En su comparecencia ha insistido por ello en que la solución a este "litigio de masas" pasa por un instrumento procesal de reparación global que haga innecesario el dictado de miles de sentencias basadas "en los mismos intereses" individuales homogéneos y con idénticos pronunciamientos.

Es decir, todos los pronunciamientos están dirigidos a conseguir que se devuelvan la totalidad de los depósitos procedentes de cuentas corrientes y cartillas de ahorro a sus legítimos titulares: "¿Necesitamos entonces veinte mil sentencias y que digan todas lo mismo?", se ha preguntado, y ha indicado que "todos los afectados lo están por el mismo producto bancario tóxico".

Y si en lugar de 43.000 personas hubiese un millón, ha añadido, y ha continuado que no articular otra fórmula supondría "una tarea heroica semejante a vaciar el océano a calderos o capturar pulgas con guantes de boxeo".

Por esta razón ha incidido en la importancia de un instrumento de reparación masiva aunque "cause cierto pánico enfrentarse a esto".

En su comparecencia Varela ha insistido en que la "práctica abusiva por parte de las entidades financieras aún no ha cesado en la medida en que los afectados no pueden disponer de sus depósitos".

El fiscal superior ha repasado ante la comisión que investiga lo ocurrido con las antiguas cajas los hechos que desembocaron en la actual situación de "miles de gallegos que ven peligrar sus ahorros".

El fiscal superior ha incidido en la "desprotección" de los preferentistas, la mayor parte de los cuales, ha recalcado, "carecían y carecen de la mínima formación para poder comprender la transcendencia" de lo que estaban adquiriendo, "y mucho menos para poder evaluar la complejísima información que se les podía ofrecer ni los efectos jurídicos y económicos de tales productos".

"En buen número de casos los afectados suscribieron las preferentes convencidos de que las cajas no podían quebrar, de que la inversión era segura y de que podrían disponer de sus ahorros en el momento en que lo precisasen", ha insistido.

También ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España "no pusieron inicialmente ningún reparo" a la comercialización masiva de este producto financiero, y aunque luego sí advirtieron de los riesgos "no llevaron a cabo acciones contundentes" cuando tuvieron conocimiento de que fueron indebidamente colocadas entre personas cuyo perfil inversor conservador no se correspondía con la complejidad del producto.

"Los consumidores fueron sorprendidos en su buena fe por una práctica descarnada y abusiva que sólo pretendía convertir pasivo de la entidad en activos computables como recursos propios de primer orden para salvar su solvencia", ha apostillado.

Además, ha precisado que esta comercialización se llevó a cabo por personal de las cajas "en muchos casos con escaso conocimiento del producto y sin la necesaria transparencia e información sobre las condiciones y riesgos asumidos".