Bernard Tapie, imputado por estafa en banda organizada

El emprendedor Bernard Tapie, de 70 años, fue imputado este viernes por un presunto delito de estafa en banda organizada por los magistrados que investigan el arbitraje privado que en 2008 sentenció al Estado francés a indemnizarle con 403 millones de euros como resarcimiento para zanjar el contencioso de la venta de Adidas. Aquella sentencia, avalada por la exministra de Economía Christine Lagarde, y nunca recurrida por el Gobierno que presidía Nicolas Sarkozy, cerró un litigio judicial de 20 años entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais (CL), pero una denuncia de la oposición socialista reabrió el caso judicial, que ahora amenaza directamente a la cúpula política del último Ejecutivo conservador.

Antes de ser imputado, Tapie, un popular exministro socialista, excantante y exactor al que muchos franceses conocen por su apodo, Nanard, prestó declaración ante la policía durante 96 horas, el máximo legal aplicable a los sospechosos de crímenes cometidos en banda organizada. El empresario, que perdió toda su fortuna y llegó a ir a la cárcel en los años noventa tras ser condenado por amañar un partido del Olympique de Marsella –club del que fue presidente- pasó gran parte de su arresto bajo vigilancia médica en el hospital de l'Hôtel-Dieu, muy cercano al palacio de Justicia.

Los tres jueces que instruyen la pieza no ministerial del escándalo –la otra afecta solamente a Lagarde y la instruye la Corte de Justicia de la República- comunicaron a Tapie su inculpación y le dejaron en libertad bajo control judicial mientras su abogado de confianza, Maurice Lantourne, permanecía detenido en los locales de la brigada financiera de París, declarando como sospechoso del mismo delito que su cliente.

De momento, en el escándalo hay ya cuatro personas imputadas por estafa en banda organizada: además de Tapie, han sido inculpados Stéphane Richard, exnúmero dos de Lagarde en el Ministerio de Economía y actual presidente ejecutivo del gigante telefónico Orange; Pierre Estoup, el árbitro que redactó la sentencia privada, y Jean-François Rocchi, exresponsable del Consorcio de Realización (CDR), el banco malo que gestionaba el pasivo de Crédit Lyonnais y que abonó la indemnización de 403 millones.

Fue otro miembro del equipo jurídico del controvertido magnate, Hervé Temime, el que confirmó la imputación de su jefe a la prensa: “Bernard Tapie acaba de ser imputado por estafa en banda organizada”, dijo, “pero puedo confirmarles que el sumario está vacío de elementos susceptibles de demostrar que la sentencia arbitral, su resultado, fue el fruto de una estafa o de un plan concertado”.

Las penas previstas para la estafa con agravante de banda organizada oscilan entre los cinco y los diez años de cárcel, y pueden llevar aparejada una multa mínima de 375.000 euros y máxima de un millón de euros. Un problema añadido para Tapie es que el Gobierno socialista ha decidido reclamarle en los tribunales la inmensa fortuna que el Gobierno de Nicolas Sarkozy le ayudó a recibir al habilitar el arbitraje privado en 2007 y no recurrir el fallo en 2008.

El Consorcio de Realización que gestiona las deudas del Crédit Lyonnais presentó hoy un recurso ante el Tribunal de Apelación de París, y recordó en una nota que se ha personado como parte civil en el procedimiento judicial. EL CDR explicó que “las investigaciones de la brigada financiera, (realizadas) bajo la vigilancia de tres jueces de instrucción y de la fiscalía, han revelado la existencia de indicios graves que invitan a etiquetar el arbitraje como un fraude”.

Thomas Clay, uno de los expertos en arbitrajes que en 2008 reclamó al Gobierno que impugnara el fallo, explicó el viernes que “si la Corte de Apelación anulara la sentencia privada, todo volvería a la situación de 2007, cuando el Tribunal Supremo quitó la razón a Tapie, quien en ese caso se vería obligado a reembolsar el dinero”.

La gran incógnita ahora estriba en saber hasta dónde llegará la investigación. Fuentes judiciales señalaron que los investigadores interrogaron a Tapie sobre sus frecuentes contactos con el Elíseo y con el Ministerio de Economía antes del arbitraje. Pero su abogado afirmó que “los elementos que los magistrados reprochan al empresario están fuera de la esfera política”. Sin embargo, las actas sumariales reveladas por Le Monde demuestran que los jueces consideran que Tapie presionó a la cúpula del Gobierno anterior para que resolviera el contencioso por la inusual vía privada.