Sin protección no hay creación

En un momento en el que la industria de las economías desarrolladas pierde fuelle, la creación, la cultura y el conocimiento se convierten en un pilar básico de la economía que debe ser protegido. Y esa protección, por el momento claramente insuficiente, pasa por la colaboración entre países y la armonización de leyes para hacer valer los derechos de propiedad intelectual en un mundo global y digital.

Esa es la principal conclusión del I Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, celebrado el pasado lunes en Madrid. Creadores, distribuidores, representantes de la industria, organismos internacionales y Gobiernos se reunieron para analizar las deficiencias en la protección de estos derechos.

Todos los participantes en las distintas mesas de debate destacaron la relevancia económica del sector cultural, una de las que más sufren los ataques contra la propiedad intelectual. Wolf Meier-Ewert, de la Organización Mundial del Comercio, estimó que la industria creativa en general supone en torno al 3,3% del PIB de la Unión Europea y que da trabajo a cerca de 6,7 millones de personas. En el plano español, Antonio Millán Campuzano, del Ministerio de Asuntos Exteriores, habló del 7% del PIB nacional y cerca de 400.000 puestos de trabajo.

Cifras aparte, muchos intervinientes trataron de establecer una correlación entre la protección de la propiedad intelectual y el crecimiento económico de los países. En esa línea, voces como Jesús Badenes, del grupo editorial Planeta, pronosticaron que la producción cultural e intelectual caerá en todos los países que no tomen medidas. “Los españoles consumiremos cada vez más contenidos de países que sí protegen estos derechos”, vaticinó.

La industria creativa emplea en la UE a más de 6,7 millones de personas

Niklas Lagergren, del grupo mediático News Corporation —dirigido por el magnate Rupert Murdoch—, quiso resaltar el hecho de que el sector cultural emplea a un gran porcentaje de jóvenes. Algo a tener en cuenta ante las altísimas tasas de paro juvenil que presentan los Veintisiete.

Antes, el escritor Lorenzo Silva, premio Planeta 2012, había abierto el debate junto a su colega peruano Santiago Roncagliolo, expresando su total escepticismo ante las tantas veces prometidas reformas legales para proteger los derechos de autor. “Los procesos legales son muy lentos y no castigan conductas que son devastadoras”, denunció.

Esta denuncia de quienes, como Silva, viven de sus creaciones, no por conocida dejó de ser contundente. “Todas las mañanas veo decenas de infracciones de mis derechos, y, sinceramente, no tengo ninguna esperanza en que esto cambie”, se lamentó.

La gran mayoría de los intervinientes en el congreso, organizado por el flamante Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, compartieron en mayor o menor medida este diagnóstico, y también muchas de las soluciones propuestas, en la línea de unificar la legislación internacional y promover la colaboración entre países.

Reglas mundiales y colaboración entre países aparecen como soluciones

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, anunció que la Comisión Europea pondrá en marcha en octubre el mercado único digital. El objetivo es que ese mercado europeo común sea capaz de competir en el sector de los contenidos digitales.

Otro secretario de Estado, en este caso el de Cultura, sostuvo que si España quiere tener un futuro en la economía global debe ser a través de la cultura y la creatividad. José María Lassalle llamó a la colaboración entre países para combatir la piratería y aprovechó la presencia de Erik Barnett, del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU, para pedir que Washington cierre las páginas que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Lassalle pidió que se despejen “los problemas que se vienen dando” para alcanzar “esa colaboración que a veces no tenemos”.

También hubo tiempo para que cada uno arrimara el ascua a su sardina. Así, Jean-Philippe Mochon, del Ministerio de Cultura francés, aprovechó para romper ante Barnett, con un guiño a Lassalle, una lanza a favor de la llamada excepción cultural europea, que busca que no se incluyan industrias como la cinematográfica en el futuro acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU. María Ferreras, de YouTube, una de las más interpeladas en el turno de preguntas, defendió a capa y espada la política de su empresa respecto a la protección de los derechos de autor.

Aunque de forma moderada, también hubo espacio para la autocrítica. Tanto Silva como varios de los representantes de los creadores de contenidos criticaron algunas actitudes y señalaron que la industria ha sido lenta en su adaptación al mundo digital. Javier Sanz, del grupo de contenidos musicales BMG, abogó por “pensar en nuevos modelos de negocio que fomenten que el creador reciba la mayor parte de los ingresos de su obra”. El premio Planeta cargó contra la industria que gestiona la producción cultural —afirmó que constituyen monopolios y oligopolios inaceptables—, y, a modo de ejemplo, criticó la “inconsistencia” de vender e-books “a 14 euros”.

La evolución del sector se considera una necesidad inaplazable —como ejemplo, el consumo de televisión a la carta, cada vez más extendido en EE UU—. En este sentido, Ferreras auguró que en los próximos dos años habrá más modelos basados en sistemas gratuitos, soportados por la publicidad, como YouTube.

Y tampoco faltó la denuncia del mal endémico que subyace en todos estos problemas: la falta de concienciación social. Los años de campañas, actos institucionales y anuncios televisivos equiparando las descargas ilegales con robos y atracos no consiguen extirpar del conjunto de la sociedad la cultura del todo gratis.

A pesar de ser una idea repetida hasta la saciedad, el presidente del Observatorio, José Manuel Gómez Bravo, volvió a lanzar el mismo mensaje: “No puede haber simpatía por la impunidad frente a la piratería”. Y, por si pudiera hacerlo más convincente, apuntilló: “La pérdida de empleo en estos sectores no es virtual ni en la nube, sino muy real”.