¿Quién defiende a estos desahuciados?

Una registradora de una pequeña provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora, negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo, un familiar —alguien que lo hace de forma no profesional—, no hay ley que proteja al que lo recibe.

Aprovechando ese boquete proliferan los prestamistas que, cuando el banco le cierra la puerta a alguien y apoyándose en su situación de angustia financiera, se ofrecen a prestarle y a refinanciar. Pero, eso sí, le piden las escrituras de la casa. Algunas veces de la suya y de la de sus padres.

Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.

La víctima ideal está angustiada y conviene que no tenga formación financiera, pero no es imprescindible. En ocasiones piden el préstamo para emprender el negocio o comprar un coche, seguros de la seguridad y la legalidad de la operación que se firma ante notario.

¿Cómo encuentra el prestamista a la víctima? En el caso de Rafael del Pozo fue en la propia sucursal del banco donde le dieron el nombre del prestamista "que estaba ayudando a muchos en la zona". En el de María del Carmen Aranda, el prestamista "no llamó al telefonillo, subió directamente a casa".

Su amarga experiencia se jalona de abogados que abandonan el caso después de dilatarlo y jueces que archivan. Mala suerte.

Israel, Dani..., son muchos los afectados a los que se lleva a la notaría con la promesa de firmar un nuevo préstamo en condiciones favorables para tapar una deuda o afrontar un pago y, tras dos horas de espera, les dan una pequeña cantidad inicial, el resto, les dicen, se lo dará la entidad financiera —de la que incluso llevan ofertas vinculantes— tras firmar unas letras de cambio.

Se trata de una hipoteca cambiaria, y estas letras se endosarán a un tercero o un cuarto para que quien, —pasados seis meses de buenas palabras y dilaciones—, ejecute y se quede con la casa no sea el mismo que captó a la víctima. "Todo el que entraba perdía la casa", explica un testigo de estas situaciones. Es difícil que se pueda saldar una deuda en seis meses cuando el dinero que se les da es solo parte de lo que necesitan, y mucho menos del que consta en la escritura, pero los intereses de demora pueden llegar al 29%.

Del Pozo, que preside una asociación para agrupar a gente en su misma situación, lo corrobora: "Directa o indirectamente alguien de la entidad financiera te pone en contacto con el prestamista. Nunca te dan todo el dinero que consta en la escritura ante notario. Además, se retiene parte como gastos, comisiones..., se impone un interés alto. Se promete la firma de un crédito futuro reunificando las deudas pero nunca llega el día de cancelar el préstamo y firmar el nuevo y, mientras, los intereses suben y suben". También es común que se falsifiquen documentos y firmas. En el caso de Rafael, cuando consiguió, tras presionar, que le dieran al fin copia de la escritura, vio que "había firmado unos pagarés con intereses de demora de 15.000 euros al año y se había metido la vivienda de mi madre".

También a Israel le falsificaron la firma, el prestamista cambió de domicilio y cuando quiso ir a pagar, antes del vencimiento la letra, se había endosado a un tercero ilocalizable. En el caso de María del Carmen, que vive en Toledo, hicieron constar que había trabajado con ellos o que su pareja vivía en Madrid cuando nunca ha sido así. "Supuestamente te prestan dinero, pero la cantidad nunca llega al banco. Yo les insistía que me refinanciaran y me decían: 'Tú tranquila, que no te pasa nada' y así pasa el tiempo hasta que vienen a por ti, a saco", explica. El primer prestamista le pasó a un segundo, y da nombres porque además la empresa opera en Toledo a plena luz del día.

En su web puede verse que tanto ayuda a embargados como busca inversores. Aparte de falsificar documentos si hace falta, también piden hipotecas sobre la casa ejecutada a nombre de un insolvente para seguir haciendo caja, pero nunca viene mal el dinero externo.

Algunas de estas sociedades operan en varias ciudades y cuentan con testaferros que dirigen a inversores que invierten en estos préstamos sin regular que acaban en el 99% de los casos en desahucio.

Los prestamistas son inclementes. Al segundo impago, ejecutan y se quedan con la casa. De eso se trata. Es un negocio seguro: prestan 10.000 euros y obtienen un inmueble que, como mínimo, puede valer 10 veces más.

La mayoría no reclama en los tribunales. En muchos casos están arruinados y destrozados anímicamente. Además, "en el procedimiento de ejecución hipotecaria el juez no puede ver el abuso", explica un testigo. El afectado no puede alegar nada ante el juez en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, que se les pide que devuelvan unos intereses calculados sobre una cantidad que nunca recibieron. A este mundo del préstamo (fingido) no ha llegado la sentencia de Estrasburgo: no hay cláusula abusiva que alegar.

Juan Puche, otro afectado, tiene la valentía de recoger en un blog los testimonios y denuncias, y sigue el rastro, entre otros, de Antonio Arroyo Arroyo.

Carlos Galán, abogado de la Asociación de Estafados Victimas Financieras, a la que pertenecen Rafael, María del Carmen y Juan, explica que Arroyo Arroyo está imputado al menos en una decena de juzgados de Madrid por presuntos delitos de estafa. Tiene a su nombre, según el abogado, un buen número de derechos sobre hipotecas vivas y es incalculable el número de las ejecutadas o las que tiene a nombre de sociedades.

Hablamos de dinero, mucho dinero. ¿Connivencia notarial? "Es difícil de probar. Sí está clara alguna mala praxis y algunos, tras declarar en procedimientos de estafa, siguen actuando igual", explica Galán.

En opinión del abogado del bufete Alberche, sería clave que el Ministerio Fiscal entendiera que son tramas organizadas que actúan en toda España. "Muchos jueces de lo Penal archivan las querellas porque consideran que es una mera irregularidad administrativa que el prestamista no esté dado de alta en el registro obligatorio y, por cierto, inoperante, desde 2009", aclara el abogado.

Los jueces dan por hecho la validez del reconocimiento de deuda, la escritura firmada ante notario con una cantidad que, en realidad, nunca reciben. Sí ha habido una ocasión, en Alicante, en que un juez marcó el camino: que sea el prestamista el que demuestre que ha pagado realmente esa cantidad y no al revés. Su sentencia es una gota de agua en un mar de desdichas.

Volvamos al principio: la registradora de que hablamos (en realidad no es la única que ha actuado así) tiene en sus manos la escritura hipotecaria, ha cruzado datos y descubierto que la misma persona ha dado 38 hipotecas más, lo que equivale a descartarla como particular y considerar que se dedica profesionalmente a ese negocio. Algo que no parece haberle llamado la atención al notario, el mismo en las 38 ocasiones.

¿Cuál es la diferencia entre profesional y particular? Que estos pueden usar el procedimiento de ejecución hipotecaria sin someterse a ningún control previo ni negociación posterior. Mientras que, si se tratase de un profesional, además de estar inscritos en el registro del Instituto de Consumo, deben contar con un seguro de responsabilidad por si cometen irregularidades presentar ofertas vinculantes..., desde que en 2009 se reguló el préstamo por entidades distintas de la banca y cajas. (Que, por cierto, es otro capítulo que Adicae ha documentado).

Uno de los registradores que denuncia esta situación propone que se vuelva a la situación anterior a la de la aprobación de la Ley de Ejecución Hipotecaria, cuando solo estaban facultadas las entidades de crédito para determinar la deuda y no como ahora, que puede hacerlo el acreedor.

Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.