Las financieras racionan el crédito a afectados por un ERE, según las organizaciones de consumidores

La crisis ha alterado la política de concesión de créditos y las financieras han cerrado prácticamente el grifo a los préstamos para el consumo, especialmente a quienes han perdido su trabajo o están empleados en empresas afectadas por un ERE, según denuncian organizaciones de consumidores.

Así lo ha expresado a Efe la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) de Madrid y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) que, si bien no tienen datos, les consta, a través de sus servicios jurídicos, la "discriminación" de las financieras hacia los afectados por ERE, considerados por las entidades como "factores de riesgo".

En declaraciones a Efe, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha informado de que los servicios jurídicos de la asociación han recibido varias quejas de afectados por ERE a los que se les había denegado un crédito y ha dicho que la actuación de la asociación -como mediador- permitió, en algún caso, que la financiera cambiara de orientación y concediese el préstamo.

Pardos ha señalado que considerar a este colectivo de "alto riesgo" es una "injusticia" y ha explicado, a modo de ejemplo, el caso de un afectado al que se les niega un crédito de 800 euros cuando va a recibir una indemnización de 7.000. "Carece de justificación no conceder ese préstamo cuando el solicitante puede pagar", ha dicho.

Según datos aportados por Adicae, ocho de cada diez solicitudes de crédito se deniegan.

En el mismo sentido se ha manifestado el director de Comunicación de CECU Madrid, Antonio López, quien ha alertado de esta "discriminación" pero también ha valorado que desciendan este tipo de préstamos que ha denominado "créditos usura", ya que mueven un interés "entre el 25 y el 30 por ciento".

La Organización de Consumidores y Usuarios(OCU) también se ha sumado a la crítica y ha asegurado que le consta que los créditos se conceden con mayor dificultad y que las garantías que se piden son cada vez más exigentes, según su portavoz, Jose María Mújica.

En declaraciones a Efe, el secretario general de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF), Honorio Ruiz, ha informado de que se ha producido un descenso del 7,7 por ciento en la concesión de créditos al consumo, según datos interanuales a 31 de marzo de 2013.

Ha explicado que este porcentaje es el resultado de una caída del 4,4 por ciento en los créditos a bienes de consumo y del 12 por ciento en el caso de la automoción.

Para el secretario general de esta asociación, que agrupa a las principales financieras del país, "no hay perspectivas de mejora" ya que el crédito está vinculado a un puesto de trabajo seguro y "ante la incertidumbre reinante, las familias se retraen de consumir".

Al portavoz de ASNEF no le consta que una familia, por el hecho de estar sufriendo un ERE, vea mermada su capacidad de crédito y ha defendido que las financieras analizan "el perfil" de cada solicitante y en función de esa trayectoria, operan.

El responsable de esta asociación sí ha subrayado los "gravísimos niveles" a los que ha caído el préstamo y ha recordado que mientras el desempleo no baje "ni el consumo irá hacia delante, ni el crédito hacia arriba".

Por su parte, las financieras consultadas por Efe no han facilitado información sobre los créditos al consumo. Este es el caso de Cetelem, del grupo BNP Paribas; de los servicios financieros de Carrefour o de la financiera de El Corte Ingles, que se ha remitido a los datos de evolución de crédito que recopila ASNEF.

En el mismo sentido, se ha manifestado el Grupo Santander que, aunque también se ha remitido a la información de ASNEF, ha dicho a Efe no tener constancia de que se cierren los créditos al consumo a personas que trabajen en empresas en ERE.

"El único criterio para dar un crédito es la capacidad de solvencia del cliente que lo pide, al margen de la situación que viva su empresa" ha explicado un portavoz.

Según datos del Ministerio de Empleo, entre enero y marzo de este año, 112.752 trabajadores resultaron afectados por expedientes de regulación de empleo.

En ese mismo período, se autorizaron 8.415 expedientes, de los cuáles prácticamente la mitad (4.237) correspondieron a pequeñas empresas, con menos de nueve trabajadores.