¡Esta casa es una ruina!

Los cerca de 600 inquilinos del Plan Joven que todavía residen en las cinco promociones entregadas en Colmenar Viejo están dispuestos a forzar la situación para que los distintos propietarios asuman los arreglos de las numerosas deficiencias detectadas en sus viviendas. Se está barajando incluso la posibilidad de dejar de pagar los recibos en grupo para ver si les hacen caso y toman cartas en el asunto.

“Un sinpa conjunto para ver cómo reaccionan, aunque se depositarían las cantidades en una cuenta”, asegura David Rodríguez, director técnico de Conapi, empresa contratada por los inquilinos para actuar de enlace entre estos y las propietarias de las cinco promociones (una filial de Bankia Habitat, otra de esta entidad ya traspasada a la Sareb, Bigeco y Ortiz).

Además del arreglo de las graves deficiencias detectadas por un estudio termográfico, otra reivindicación pasa por renegociar las condiciones del contrato. “No puede ser que por viviendas sociales de 52 metros paguemos 600 euros al mes y que el precio de compra sea de 185.000 euros”, comenta Fernández, quien se apoya en la legislación para que el precio del módulo que se aplica para la venta y alquiler de vivienda protegida no sea el máximo permitido, ya que no existe ningún impedimento legal a que se negocie un precio inferior si ambas partes se ponen de acuerdo.

Y en esas están. A la Comunidad de Madrid llegan decenas de peticiones de inquilinos que buscan una solución a estos problemas ante las dificultades existentes para pagar los recibos, pero la respuesta es siempre la misma. “No podemos intervenir puesto que no es parte del contrato y el contenido del mismo no incumple la legislación vigente”, reiteran una y otra vez los técnicos de la Consejería de Vivienda.

No queda otra que llamar a las puertas de la propiedad. Algo que debería ser aparentemente sencillo, pero que no lo es. Cojamos el caso de ese edificio objeto de la inspección termográfica en el nuevo barrio de La Maquinilla, en Colmenar Viejo. El mismo del que su diseñador, el arquitecto vasco Alfonso Azqueta, se vanagloriaba hace dos años cuando las obras estaban a punto de finalizar, por esos moldes encofrados prefabricados, que permitieron componer las viviendas sin pilares, ni ladrillos ni forjado. “Mucho diseño que no evita que los pájaros entren a las casas por unos huecos”, apunta David Rodríguez.

De las deficiencias detectadas en los inmuebles y las casas, ha dado cuenta la inspección termográfica realizada hace unos días por la empresa eBuilding. Tomadas las muestras en uno de los pisos del paseo de la Ermita de Santa Ana, 14 (la traspasada el pasado diciembre desde Colmenar Desarrollos Residenciales, filial de Bankia Habitat, a la Sareb), se pudo comprobar la presencia de humedad por condensación en los paramentos de la vivienda, problemas de estanqueidad en las ventanas y sensación térmica de frío debido al mal aislamiento de la envolvente del edificio.

Deficiencias que provocan un incremento en la factura energética de los vecinos, que pagan un exceso de consumo de calefacción que además no disfrutan.

Los despropósitos en la ejecución de esta obra empiezan y no acaban. En el edificio del paseo de la Ermita de Santa Ana, las placas solares inicialmente instaladas en la azotea del edificio ya no están. “El proveedor se las llevó porque la propiedad no le pagó ni la instalación ni el mantenimiento”, comenta el director técnico de Conapi.

Y lo mismo sucede con la gestión de las viviendas. “A nosotros nos adjudicaron un bajo para minusválidos y ni yo ni mi novio lo somos”, apunta Julia, adjudicataria del piso en febrero de 2012, tras la renuncia del que resultó agraciado en primera instancia.

Leopoldo, que ocupa desde octubre de 2009 un piso del Plan Joven promovido por Bigeco en la zona de la Estación de Colmenar, también se queja de la falta de información sobre el estado de las cuentas del edificio. A pesar de los gastos de comunidad soportados —en su caso 56 euros mensuales— “solo se han celebrado dos reuniones con Bigeco en cuatro años”, lamenta, para, a renglón seguido, reconocer que las denuncias presentadas en los últimos años ante la Comunidad de Madrid no han caído en saco roto. “Por lo menos nos han dejado pasar el recibo del IBI”.

La llegada de la Sareb a Colmenar ha sido el no va más. “El descontrol es total”, apunta David Hernández. Un ejemplo, el pasado mes de enero los vecinos pudieron comprobar cómo cargaban por duplicado los recibos en sus cuentas corrientes. Gesnova, la gestora de cobros de Bankia Habitat, lo hacía por su cuenta y la Sareb por la suya. Las cantidades ya han sido devueltas.

Los inquilinos supieron que habían cambiado de casero, de Bankia a la Sareb, en las cartas firmadas por ambas entidades y remitidas a mediados del pasado mes de marzo, en las que se daba cuenta de la transmisión así como de la cesión del contrato. En la misiva también se recogía el contrato de gestión temporal por el que el banco malo delegaba en Bankia y en Gesnova la gestión tanto de los activos transmitidos como de los cobros y pagos.

El intento de David Hernández de mantener una reunión directa con responsables de la Sareb para intentar llegar a un acuerdo que facilite una salida a la situación no ha sido posible. La carta dirigida a Luis Moreno, director de Activos Financieros de la Sareb, ha sido respondida por Alfonso Cuartero, responsable de Alquileres en la dirección de Patrimonio de Bankia Habitat. Le remitía a ponerse en contacto con Gesnova para lo relativo a los contratos y, en cuanto a los desperfectos, aludía a que “se está procediendo a elaborar un informe técnico que sirva para la subsanación de las incidencias detectadas según proceda”.

Mientras, los problemas se suceden. Las vallas perimetrales de algunas de las promociones no existen, los casos de ocupaciones ilegales van en aumento en la misma proporción que las viviendas se quedan vacías, y el mantenimiento de las urbanizaciones, a pesar de los pagos de los inquilinos, brilla por su ausencia.