Economistas ortodoxos y euroescépticos cargan contra el BCE ante el Constitucional alemán

Economistas ortodoxos y euroescépticos cargaron hoy de la mano contra el Banco Central Europeo (BCE) y su programa de compra de deuda en el segundo día de la vista oral en la que el Tribunal Constitucional (TC) de Alemania evalúa si este plan viola su Carta Magna.

Los representantes de los 37.000 alemanes que firmaron el recurso de inconstitucionalidad contra el programa de compra ilimitada de bonos de países en crisis basaron sus críticas en la falta de competencias del BCE para ejecutar ese plan -que nunca se ha puesto en práctica- y en sus supuestos riesgos.

"Estos rescates son extraordinariamente peligrosos", aseguró en su intervención Hans-Werner Sinn, presidente del instituto económico Ifo y conocido guardián de la ortodoxia monetaria.

El economista argumentó que en caso de impago por parte de un Estado, el BCE incurriría en pérdidas que se trasladarían a los bancos centrales nacionales, entre ellos el Bundesbank alemán, y, en consecuencia, acabarían como números rojos en las cuentas públicas del Alemania.

Sinn estimó en miles de millones de euros los riesgo que asumía el Estado alemán de ponerse en marcha el contestado programa "Outright Monetary Transactions" (OMT).

Los querellantes consideran que, de esta forma subrepticia, se están mancomunando las deudas dentro de la eurozona, de tal forma que los contribuyentes alemanes deben pagar, vía impuestos, por las deudas de otros.

"Es claro que de esta manera los contribuyentes alemanes asumen riesgos añadidos", explicó ante el TC el presidente del Centro para la Investigación de la Economía Europea, Clemens Fuest.

Por su parte, el argumento sobre el ámbito competencial se movió en un nivel más abstracto, ya que los demandantes consideran que la compra de bonos soberanos es política fiscal, y el mandato del BCE se circunscribe exclusivamente a la política monetaria, esto es, a controlar la inflación.

"A nivel económico, nos movemos en una zona gris entre la política monetaria y la política fiscal", describió Fuest.

Por su parte, el miembro alemán del comité ejecutivo del BCE, Jörg Asmussen, representante en la vista de la autoridad monetaria, defendió que la compra de bonos es una "instrumento habitual" de la política monetaria, tal y como hacen otros bancos centrales.

Asimismo, reiteró que el objetivo del OMT "no es evitar la insolvencia de un Estado", sino "ayudar a la transmisión de la política monetaria", es decir, que las decisiones del BCE -como fijar los tipos de interés- lleguen sin mayores distorsiones a la economía real, frente a lo que pasa en la actualidad.

Con el cierre de la vista oral, en la que ayer tuvo ocasión de posicionarse el Gobierno alemán y el Bundesbank, arranca el período de deliberación del TC alemán, que puede prolongarse varias semanas, incluso meses, hasta el anuncio del fallo.

Los expertos barajan cuatro opciones para el Constitucional cuando éste dicte sentencia, aunque la más factible a juicio de la mayoría de expertos es que opte, como cuando evaluó la constitucionalidad del fondo de rescate europeo, por un "Ja, aber" ("sí, pero").

De esta forma el alto tribunal respaldaría la medida en términos generales, cimentando la endeble estabilidad financiera de la eurozona, aunque fijaría unas condiciones para limitar la exposición financiera del Estado alemán y para asegurar la supervisión democrática del programa por parte del Bundestag (cámara baja).

Otras posibilidades más remotas, según los expertos, son que el TC falle contra el OMT, que aduzca que no tiene sentido pronunciarse sobre un programa escasamente perfilado y que aún no se ha puesto en práctica, o que se declare no competente en favor el Tribunal de Justicia de la UE.

Un fallo contrario del Constitucional alemán conllevaría un período de gran incertidumbre política, legal y financiera en la eurozona, como reflejaron ayer -al inicio de la vista- las caídas en las principales bolsas del continente.

La posible puesta en marcha de una compra de bonos quedaría en el aire, pero el principal problema sería cómo puede afectar una sentencia nacional a una institución supranacional (no directamente, pero sí a través del Bundesbank, el mayor banco central del Eurosistema).