¿Puede saberse adónde vamos?

Esta pregunta se la formuló Miguel Delibes en Madera de héroe. Recientemente se ha referido a ella José Luis Gómez reflexionando sobre el problema de la deuda en España.

Mi propósito es moverme en esta cuestión que ha sido testigo, y fedataria, de los excesos del proceso de expansión reciente, de las tradicionales carencias de la Hacienda Pública española y de las decisiones que se han venido adoptando para hacer frente a la crisis financiera.

Al cierre de 2012, la deuda pública en España alcanzó la cantidad de 882.300 millones de euros, el 84,2% del PIB. Una cifra importante que ha ido elevándose de manera meteórica durante los últimos cinco años. Medio billón de euros es la diferencia entre el punto más bajo (2007) y el más alto (2012). Este último año posee además la singularidad de haber batido todos los récords, 148.000 millones de euros más que la anualidad anterior. Este ritmo de crecimiento de la deuda se destina, entre otras aplicaciones, a rescatar las entidades financieras nacionalizadas, a efectuar el plan de pagos a los proveedores y a cumplir el compromiso contraído de sufragar los préstamos concedidos a Grecia, Irlanda y Portugal.

La deuda pública da origen a una carga de intereses que se materializa en los Presupuestos Generales del Estado. En 2013, las consignaciones para honrar esta finalidad son de 38.660 millones de euros, 22.662 millones más que en 2007 y 19.512 millones más que en 2004. En los próximos años esta explosión continuará y se situará en niveles altos durante algún tiempo, que no será corto.

Su dinámica no va a permitir a nadie entregarse a la molicie. Si, como recordaba Fernando Vallespín, la política se mueve entre la necesidad y la fortuna, quienes estén en ámbitos públicos habrán de empeñarse en desencadenar acciones destinadas a mostrar su capacidad para sortear las dificultades presentes. Ayudarles a conseguirlo es mi pretensión en un momento en el que estando todo desajustado es conveniente estabilizar este flujo financiero.

El bajo crecimiento potencial hará que se tarde bastante en retomar

Las razones para efectuar esta operación pasan por considerar varios elementos. La deuda pública española es cara. Reducir el déficit que la origina es difícil, ya que aquí el gasto público se sitúa 6 puntos por debajo del registrado en la zona euro, mientras que los ingresos lo están en casi 10. Por si fuera poco, la economía no está creciendo, lo que hace que las rentas enflaquezcan, a la vez que las deudas se mantienen.

En el reciente proceso de expansión de la deuda pública, un hecho adquiere singularidad: la socialización que se está realizando de los malos resultados habidos en el ciclo financiero inmobiliario, que ha conducido al saneamiento de la banca, apoyado en provisiones propias, ventas de activos dañados y en cuantiosas transferencias públicas. Acumulando todas las ayudas públicas efectuadas a favor del sistema financiero español, la Comisión Europea las cifra en 105.093 millones de euros, es decir, el 10% del PIB. De esa cantidad, en 2011 se contabilizaron pérdidas por 5.136 millones, y en 2012, por 38.343 millones. El sector público ha cargado con una parte de la reestructuración bancaria. Está por ver si esta continuará requiriendo del esfuerzo conjunto de la sociedad española.

Deslizándonos por la telaraña de la deuda, con rapidez tropezamos con la deuda externa bruta de España, que es bastante mayor que la deuda pública. En 2012 se sitúa en 1,751 billones de euros, el 166,6% del PIB.

Cuantitativamente, la deuda exterior lleva varios ejercicios estabilizada debido a las dificultades existentes y a las que aguardan. La mejora de los números de las empresas es el resultado del cierre que, para ellas, ha venido ocurriendo en los mercados internacionales. Las entidades financieras han llevado a cabo un giro en su endeudamiento. Han recomprado paquetes importantes de la deuda bancaria por ellas emitida —y que estaba en manos de inversores extranjeros—, trasladándola al BCE. Conjuntamente, la reducción de la deuda exterior de España no ha adquirido todavía la velocidad necesaria.

El balance de la deuda española se concreta en que el factor más reducido de la misma, la deuda pública, crece con velocidad, a la vez que se mantiene estable la parte más destacada del endeudamiento: la deuda exterior privada, tanto empresarial como bancaria. En suma, España esta atrapada (Tano Santos), porque estos elevados endeudamientos lastran el crecimiento, a la vez que, como este es bajo, la deuda se exacerba.

¿Cuándo el volumen de endeudamiento global se convierte en problemático? ¿Qué efectos redistributivos pueden ocurrir si se da esta situación? Las respuestas a ambas preguntas las tenemos que dar, conscientes de que nos atenaza una peligrosa combinación: un desempleo persistente y monstruoso, producto de un crecimiento muy escaso y tipos de interés elevados, junto con déficits públicos altos.

Puestas así las cosas, la política económica se verá obligada a achicar espacios (Menotti), lo que hará aparecer resistencias si para sostener la carga financiera ha de procederse a recortar renglones significativos del gasto público y/o a aumentar los impuestos. El que llevemos ya años realizando un ajuste financiero y salarial duro para recobrar la competitividad ha ocasionado la aparición de una vieja batalla: el reparto de los costes ocasionados por tan profundos sacrificios.

Apenas si descubro nada si digo que todos ellos están siendo soportados por los asalariados, los beneficiarios de las prestaciones de las políticas de bienestar y por un número considerable de pequeños y medianos empresarios.

Todos ellos creen —y con razón— que una sociedad solo sale adelante si los que han conseguido beneficios en la bonanza también comparten los costes en la recesión. Pero, un año tras otro, se están percatando de que los diseños de política que se aplican afectan desproporcionadamente a los trabajadores y a las clases medias. Con el agravante de que, con mayor frecuencia de la debida, se les dice que hemos dejado atrás el peor periodo de la crisis, en lugar de razonarles por qué el proceso de salida de la crisis será largo y costoso. El bajo crecimiento potencial impondrá que se tarde bastante tiempo en retomar los niveles saludables de políticas públicas de bienestar existentes antes de 2008.

La demanda interna tardará en volver a tirar de la economía, aunque solo sea porque la consolidación fiscal está sirviendo para rebañar en casi todos los renglones del ingreso y del gasto público. Esta tarea debería, igualmente, abrirse a la reestructuración de las cargas de las diferentes modalidades de endeudamiento, así se ayudaría a un mejor desempeño económico.

Sería bueno averiguar qué podemos hacer para evitar, como decía García Márquez, que cuando tropecemos con la realidad, su percepción ya no nos sirva para nada.

Francisco Fernández Marugán es exdiputado del PSOE.