La fiscalía acusa a Lagarde de falsedad y malversación de fondos públicos

Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), será interrogada mañana y pasado en París por los tres jueces de la Corte de Justicia de la República (CJR) que instruyen el llamado escándalo Tapie. La fiscalía acusa a la exministra de Economía de Nicolas Sarkozy de “complicidad en falsedad de documento público y malversación de fondos públicos”.

Los magistrados han convocado a Lagarde “con vistas a su imputación” por esos delitos, presuntamente cometidos cuando era ministra por su papel en el proceso de arbitraje que desembocó, en julio de 2008, en el pago de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie. Lagarde no recurrió aquella decisión y cerró así un largo litigio entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais por la venta de Adidas en 1993. 

Los jueces de la CJR (el tribunal competente para juzgar los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones) pedirán aclaraciones a Lagarde sobre su negativa a elevar recurso contra el laudo, pese a que los consultores del ministerio advirtieron a la entonces ministra de que lesionaba gravemente los intereses del Estado.

El pliego de acusaciones de la fiscal Cécile Petit, revelado este miércoles por el semanario Le Canard Enchaîné, contiene durísimas alegaciones contra Lagarde. El documento afirma que la decisión de que el Estado mediara en el conflicto está “privada de fundamento jurídico”. Además, el texto asegura que Lagarde no tuvo en cuenta que Tapie tenía muy pocas posibilidades de ganar el pleito judicial contra Crédit Lyonnais en los tribunales ordinarios, añade que la ministra desoyó la opinión de la Administración, que le advirtió del “enorme riesgo” que suponía el arbitraje, y concluye que la composición del órgano mediador era parcial porque “dos de los tres árbitros mantenían lazos con Tapie”. Lagarde, que tenía la potestad de recusar a los jueces, no lo hizo, recuerda la fiscalía.

Argumentos de Lagarde

El ministerio público considera además que las razones de ahorro esgrimidas por Lagarde para elegir el arbitraje frente al pleito son falsas, ya que “los honorarios pagados a los consejeros nombrados para defender el arbitraje equivalían a los que hubieran representado varios años de proceso judicial”.

El documento de la fiscalía concluye así: “Del conjunto de esas decisiones sistemáticamente desfavorables a los intereses (…) del Estado, resultan indicios graves y concordantes que hacen presumir que, bajo la apariencia de regularidad de un proceso de arbitraje, se disimuló en realidad una acción concertada para entregar a los esposos Tapie (…) las sumas que hasta ese momento no habían podido obtener” de la justicia.

Un problema añadido para Lagarde es que la ministra se encuentra sola ante los jueces. En 2008 aseguró, bajo juramento y ante la comisión parlamentaria que investigó el caso, que no recibió “instrucciones” de nadie y que la decisión obedeció a su “apreciación”; la frase trataba de exculpar al presidente Nicolas Sarkozy, que es un buen amigo de Bernard Tapie. El expresidente del Marsella, que fue ministro con el socialista François Mitterrand, apoyó públicamente la elección de Sarkozy en las presidenciales de 2007. El arbitraje fue decidido por Economía poco después.

Pero todo indica que Lagarde se inmolará antes de poner en tela de juicio a Sarkozy, a quien considera el artífice de su brillante carrera política. Le Monde informa de que, en la redada que la policía hizo en casa de Lagarde hace unos meses, se encontró el borrador de una carta a Sarkozy en la que la directora del FMI le declara su absoluta lealtad.

Continuidad en el FMI

La posible imputación de Lagarde, que hasta ahora ha recibido el apoyo sin fisuras del consejo del FMI y de sus colaboradores en Washington, abre un abanico de interrogantes sobre su futuro y pone en duda su continuidad al frente del fondo. Le Canard Enchaîné y Le Monde afirman que Françóis Hollande ha garantizado a Lagarde que París no pedirá que abandone la dirección del FMI porque considera que son asuntos distintos y para tratar de salvaguardar así el prestigio de Francia, ya bastante tocado por el anterior director del organismo, Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dejar el puesto tras ser acusado de violación.

Pero, al mismo tiempo, los ministerios de Economía y Hacienda, cuyos servicios jurídicos siempre fueron contrarios al arbitraje, planean constituirse como parte civil en el proceso contra Lagarde. “Si se demuestra que hubo un prejuicio a los intereses del Estado, Bercy se personará en la causa no ministerial del caso”, afirmó el ministro de Economía, Pierre Moscovici, en Le Monde.

Si se confirmara la imputación de Lagarde, Economía recurrirá además la sentencia del tribunal de arbitraje que condenó en su día al Estado a pagar los 403 millones de euros, y prescindirá de los servicios del despacho de abogados August & Debouzy, que puso en marcha la comisión de arbitraje y cobró 4,1 millones de euros por dos años de trabajo.

Moscovici ha confirmado también que Jean-François Rocchi, el presidente del CDR (banco malo) que gestionó los activos tóxicos de Crédit Lyonnais y que contrató al millonario bufé, ha sido relevado de su puesto a causa de su implicación en el escándalo.

Según los jueces, Rocchi ejerció de intermediario entre Tapie y Sarkozy, cuando este era todavía ministro del Interior, y consiguió así cortocircuitar la negativa de Bercy al arbitraje. El muñidor en la sombra de esa solución, según han declarado algunos testigos, fue Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy y exministro del Interior, que hoy es objeto a su vez de varias investigaciones judiciales.