Vidas ‘versus’ beneficios

La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a deliberar recientemente en un caso que resalta una cuestión tremendamente problemática relacionada con los derechos de propiedad intelectual. La Corte debe responder la siguiente pregunta: los genes humanos —sus genes—, ¿pueden patentarse? Dicho de otro modo, ¿debe permitirse esencialmente a alguien poseer el derecho, digamos, a evaluar si usted tiene un conjunto de genes que implica una probabilidad mayor al 50% de desarrollar cáncer de mama?

Para quienes están fuera del arcano mundo de los derechos de propiedad intelectual, la respuesta parece obvia: No. Usted es dueño de sus genes. Una empresa puede poseer, como mucho, la propiedad intelectual subyacente a una prueba genética; y, como la investigación y el desarrollo necesarios para diseñar la prueba pueden haber costado cantidades considerables, la firma puede justamente cobrar por administrarla.

Pero una empresa con base en Utah, Myriad Genetics, reclama más que eso. Reclama los derechos por todas las pruebas que evalúan la presencia de dos genes críticos asociados con el cáncer de mama —y ha hecho valer ese derecho despiadadamente, aun cuando su evaluación es inferior a otra, que la Universidad de Yale estaba dispuesta a proporcionar con un coste mucho menor—. Las consecuencias han sido trágicas: las pruebas rigurosas y asequibles que identifican pacientes de alto riesgo salvan vidas. Limitar esas pruebas cuesta vidas. Myriad es un ejemplo de una corporación estadounidense para la cual los beneficios están por encima de todos los demás valores, incluido el de la propia vida humana.

Este es un caso particularmente penoso. Normalmente los economistas hablan sobre las disyuntivas: unos derechos de propiedad intelectual más débiles, se sostiene, socavarían los incentivos a la innovación. La ironía aquí es que el descubrimiento de Myriad se hubiese logrado de todas formas, debido a un esfuerzo internacional con financiamiento público para decodificar el genoma humano completo, que constituyó un logro extraordinario de la ciencia moderna. Los beneficios sociales del descubrimiento apenas más temprano de Myriad han sido eclipsados por los costes que impuso a través de su insensible búsqueda de beneficios.

El sistema actual impone costes sociales inefables y es incapaz de maximizar la innovación

En términos más amplios, hay un reconocimiento creciente de que el sistema de patentes, según su diseño actual, no solo impone costes sociales inefables, sino que además es incapaz de maximizar la innovación —como lo demuestran las patentes genéticas de Myriad—. Después de todo, Myriad no inventó las tecnologías utilizadas para analizar los genes. Si esas tecnologías hubiesen sido patentadas, es posible que Myriad no hubiese efectuado sus descubrimientos. Y su férreo control sobre el uso de sus patentes ha inhibido el desarrollo por terceras partes de pruebas mejores y más precisas para detectar la presencia del gen. La cuestión es simple: todas las investigaciones se basan en investigaciones previas. Un sistema de patentes mal diseñado —como el actual— puede inhibir la investigación basada en avances previos.

Por eso no permitimos que se patenten los descubrimientos básicos en matemática. Y por eso la investigación muestra que patentar los genes en realidad reduce la producción del nuevo conocimiento sobre ellos: el insumo más importante en la producción del nuevo conocimiento es el conocimiento anterior, y las patentes impiden el acceso a él.

Afortunadamente, lo que motiva los avances más significativos del conocimiento no son los beneficios, sino la búsqueda del conocimiento en sí. Esto se ha verificado en todos los descubrimientos e innovaciones transformadores: ADN, transistores, láseres, Internet, etcétera.

Otro caso legal estadounidense ha destacado uno de los mayores peligros del poder monopólico impulsado por patentes: la corrupción. Con precios que exceden por mucho el coste de la producción, pueden obtenerse, por ejemplo, enormes beneficios a través de la persuasión de farmacias, hospitales o médicos para que desplacen las ventas hacia los productos propios.

El fiscal federal de EE UU para el Distrito Sur de Nueva York acusó recientemente al gigante farmacéutico suizo Novartis de hacer exactamente eso al dar sobornos, honorarios y otros beneficios ilegales a médicos —exactamente lo que prometió no hacer cuando resolvió un caso similar tres años atrás—. De hecho, Public Citizen, un grupo estadounidense para la protección de los consumidores, ha calculado que tan solo en EE UU la industria farmacéutica ha pagado miles de millones de dólares como resultado de fallos judiciales y acuerdos financieros entre los fabricantes farmacéuticos y los gobiernos estatales y federal.

EE UU ha contribuido a endilgar su sistema al resto del mundo a través de los acuerdos internacionales

Tristemente, EE UU y otros países avanzados han presionado para instaurar regímenes de propiedad intelectual más duros en todo el mundo. Esos regímenes limitarían el acceso de los países pobres al conocimiento que necesitan para su desarrollo —y les negarían drogas genéricas capaces de salvar vidas a cientos de millones de personas que no pueden pagar los precios monopólicos de las empresas farmacéuticas—.

La cuestión está llegando a un punto álgido en las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC, llamado TRIPS, originalmente previó la extensión de “flexibilidades” para los 48 países menos desarrollados, donde el ingreso anual promedio per cápita se encuentra por debajo de los 800 dólares. El acuerdo original parece sorprendentemente claro: la OMC extenderá esta “flexibilidades” ante la solicitud de los países menos desarrollados. Si bien esos países han efectuado la solicitud, EE UU y Europa se muestran vacilantes a la hora de cumplir.

Los derechos de propiedad intelectual son reglas que nosotros creamos —supuestamente para mejorar el bienestar social. Pero los regímenes desequilibrados de propiedad intelectual dan como resultado ineficiencias —incluidos beneficios monopólicos y la incapacidad de maximizar el uso del conocimiento— que obstaculizan el avance de la innovación. Y, como lo demuestra el caso Myriad, pueden incluso llevar a la pérdida innecesaria de vidas.

El régimen de propiedad intelectual estadounidense —y el régimen que EE UU ha contribuido a endilgarle al resto del mundo mediante el acuerdo TRIPS— está desequilibrado. Esperemos que, con su decisión sobre el caso Myriad, la Corte Suprema contribuya a la creación de un marco de trabajo más sensato y humano.

Joseph E. Stiglitz recibió el premio Nobel de Economía. Se desempeña como catedrático en la Universidad de Columbia.

Traducción al español por Leopoldo Gurman.

© Project Syndicate, 2013.