Gordillo se niega a declarar en la causa de la finca militar de Turquillas, que volverán a ocupar

El parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en la causa que investiga el TSJA por la ocupación de la finca militar Las Turquillas de Osuna (Sevilla), que volverá a ser ocupada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) el próximo 1 de mayo.

"Me he acogido a mi derecho constitucional a no declarar y parece que al juez le ha sentado mal y ha dicho que es una deslealtad al tribunal", ha asegurado el aforado a su salida del alto tribunal andaluz, donde se han concentrado varias decenas de personas, simpatizantes del SAT, para apoyarle con pancartas y banderas.

El también alcalde de Marinaleda (Sevilla) ha declarado a los periodistas que la ocupación de la finca que tuvo lugar entre julio y agosto de 2012 fue "simbólica, pacífica, tranquila" y que además no hubo problema "de ningún tipo".

"Simplemente nos acogemos a ese derecho (a no declarar) para saber exactamente qué es lo que opinan todas las partes", ha explicado el parlamentario, al tiempo que ha considerado que hoy "no era el momento" y ha añadido que no tendrá problema en comparecer más adelante.

Sánchez Gordillo, imputado por delitos de daños y usurpación, ha subrayado que, durante la ocupación, no hubo altercados ni problemas, que se trató de un acto de "no violencia activa" y de una protesta pacífica para reclamar el derecho a un puesto de trabajo.

La declaración del parlamentario se fijó inicialmente para el pasado 4 de abril, aunque fue aplazada después de que su abogado, Antonio Folgoso, solicitara diversa documentación para poder preparar la comparecencia.

Junto al aforado, en la causa judicial están imputados otros 53 jornaleros que ocuparon la finca Las Turquillas, propiedad del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, ha anunciado junto a su compañero Sánchez Gordillo que el próximo miércoles, 1 de mayo, volverán a ocupar la finca de Las Turquillas y que permanecerán allí de manera "permanente".

"No queremos la propiedad, queremos el uso para generar trabajo", ha dicho Cañamero, que admite que a partir de esa nueva fecha vendrán nuevos procesos e imputaciones, pero que están dispuestos a asumir ese "coste" con tal de denunciar las injusticias de la tierra andaluza, que en su opinión debe tener una "función social".