El subgobernador del Banco de España se opone a la banca pública

“La experiencia demuestra que la gestión o la propiedad pública de las entidades, más allá de la necesaria para conducir procesos de reordenación del sector acotados en el tiempo, no resulta, en general, un mecanismo eficaz para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y, con frecuencia, tiende a acentuarlas”. La sentencia es de Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, y refleja a las claras su postura sobre la creación de un gran grupo financiero público del que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado partidario. La recapitalización ha provocado la nacionalización de bancos y Guindos quiere que se coordinen para ser más eficientes y así obtener un precio más elevado cuando llegue el momento de privatizarlas. Economía prefiere retener los bancos más tiempo con la esperanza de recuperar así más dinero público.

 Las palabras de Restoy están recogidas en el artículo La intervención estatal en el sector bancario que forma parte del libro Ensayos sobre Economía y Política Económica editado en homenaje a Julio Segura con motivo de su 70 cumpleaños en el que interviene una pléyade de expertos. El subgobernador, que fue alumno de Segura y ocupó la vicepresidencia de la CNMV cuando aquel era presidente, justifica que “la crisis ha supuesto tanto un incremento de la intervención indirecta del sector público a través de la regulación como un cierto renacimiento del sector público financiero estatal en diversas jurisdicciones como consecuencia del colapso de entidades privadas con alguna relevancia sistémica”. El reforzamiento del papel de la autoridad pública en la banca se debió a la gravedad de los problemas de solvencia y en el objetivo de alcanzar la estabilidad financiera. Es decir, la intervención respondió a la necesidad de “corregir las imperfecciones de los mecanismos puros de mercado y su incapacidad para prevenir episodios desestabilizadores que conllevan costes reales desproporcionados”, según Restoy, que critica el modelo de cajas de ahorros por favorecer la inestabilidad y la insuficiente profesionalidad de los gestores de algunas de ellas.

Según Restoy, “podría argumentarse que la mejor forma de alinear la operativa de las entidades con los intereses sociales es mediante la intervención pública permanente en la gestión. De esta forma, se impedirían asunciones exageradas de riesgos, exceso de apalancamiento, retribuciones exageradas y mal diseñadas, comportamientos excesivamente procíclicos y otras deficiencias detectadas durante la crisis”.

“Debe aceptarse una reducción del papel de los bancos como canalizadores de los flujos financieros de la economía”, sostiene Restoy

Pero esa no es la solución que propone Restoy, que añade que “como corolario de la conveniencia de minimizar los episodios de inestabilidad sistémica, debe aceptarse una reducción del papel de los bancos como canalizadores de los flujos financieros de la economía”, sostiene Restoy. Para él, ello no debe conllevar una menor disponibilidad de fondos para el sector productivo que afecte al crecimiento potencial; pero “sí sugiere la necesidad de fomentar mecanismos de financiación complementarios, como los mercados de capitales, que no requieran la participación de intermediarios que, como los bancos, basan su negocio en la asunción de riesgos mediante estructuras financieras muy apalancadas”.

Pese a las opiniones del subgobernador, el Gobierno sigue adelante con su plan para encontrar sinergias entre las entidades nacionalizadas. La consultora McKinsey y el banco de negocios Nomura son los encargados de diseñar el plan del ministro de Economía, Luis de Guindos, para coordinar a Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc, en un grupo en el que todavía se desconoce el papel que pueda tener Banco Mare Nostrum (BMN), en donde el Estado posee el 65% del capital.

Tras el fracaso en la subasta de Catalunya Banc, Economía diseñó planes conjuntos para estas entidades que excluían la fusión. Entre los planes que estudian las firmas contratadas están estos tres: crear una central de compras conjunta para abaratar costes generales; unificar la tecnología y los servicios de back office (los que dan apoyo a las oficinas), que son la principal fuente de gasto de las entidades y, por último, formar un grupo de ejecutivos especializados en la venta de activos, ya sean participaciones industriales o carteras de créditos. También se quiere unificar productos comerciales bajo la supervisión de directivos de Bankia, para dar más empuje a las otras entidades nacionalizadas.