El fiscal pregunta a la UE si Canarias usó bien sus fondos para una planta ambiental

La Fiscalía de Medio Ambiente se ha dirigido a la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE para que le informe sobre si el Gobierno de Canarias cometió alguna irregularidad con los fondos comunitarios que recibió para construir el complejo ambiental del Salto del Negro.

El Ministerio Fiscal mantiene abierta una investigación sobre ese complejo de tratamiento de residuos de Las Palmas de Gran Canaria que incluye la comprobación del uso que se dio a los 52,36 millones de euros de fondos públicos destinados a construir esas instalaciones, ya que parte de ellas nunca han llegado a funcionar.

El fiscal decano de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, ha enviado un oficio a la OLAF para que le informe "acerca de las anomalías e irregularidades en los expedientes de obra cofinanciados con fondos de cohesión", dado que buena parte de esas instalaciones medioambientales se pagaron con ayudas europeas.

En concreto, pide información sobre seis expedientes financiados por el Fondo de Cohesión, el primero de los cuales atañe a la redacción del proyecto y primera fase de la construcción de una planta de biometanización de residuos del Salto del Negro, unos trabajos que fueron adjudicados por 10,58 millones de euros.

También quiere que se revise cómo se adjudicó por 14,22 millones de euros la segunda fase de ese sistema de biometanización y la segunda fase de la construcción de una planta de clasificación de residuos y de qué manera se emplearon los 384.000 euros presupuestados para comprar un triturador de basuras.

Asimismo, pide a la OLAF que diga si aprecia alguna irregularidad en los contratos de asistencia técnica para la primera y segunda fase de la planta de biometanización (adjudicados por 307.998 y 145.889, respectivamente) y de compra de maquinaria y material para los complejos ambientales de Gran Canaria (382.312 euros).

En los seis casos, precisa el fiscal, se trata de contratos que han recibido dinero del Fondo de Cohesión de la UE, con lo que el Gobierno de Canarias tuvo que aportar a Bruselas las certificaciones de obra correspondientes para cobrar el importe de las ayudas.