Fría acogida al plan de vivienda social lanzado por el Gobierno y la banca

El 17 de enero pasado, Ana Pastor, ministra de Fomento; Luis de Guindos, ministro de Economía, y Ana Mato, ministra de Sanidad, bajo el mando de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se reunieron con 33 banqueros para lanzar el Fondo Social de Viviendas en alquiler. En total, aportaron 5.891 pisos disponibles para familias desahuciadas.

Sobre el papel parecía un proyecto de éxito rápido, a tenor de los 46.408 desahucios ejecutados en 2012, según datos facilitados por el Consejo del Poder Judicial. Pero algo no cuadra porque lejos de agolparse las peticiones, la acogida ha sido muy fría.

Según los datos recogidos por este periódico, a los diez bancos que más casas aportaron solo habían llegado 374 solicitudes (el 8% del total). Casi todas eran a Bankia, que ha recibido 324 peticiones, tras ser una de las entidades que más desahucios ha realizado. El siguiente banco con más éxito ha sido el Sabadell, que ya ha entregado seis pisos. El resto apenas ha tenido solicitudes.

La Comisión de Seguimiento del plan se reunió a finales de esta semana y admitió la baja acogida, ante lo que determinó intensificar la información sobre este Fondo. Se intentará que los servicios sociales de los ayuntamientos, Cáritas y ONG den a conocer este plan.

Los bancos culpan del fracaso a las excesivas condiciones impuestas por la Administración para poder beneficiarse de una vivienda en alquiler, que tiene un coste de entre 150 y 450 euros al mes. Otros apuntan que algunos bancos han colocado casas en pueblos o zonas residenciales donde no hay demanda y faltan más viviendas en los núcleos urbanos. Lo cierto es que la situación no beneficia a nadie: ni a los desahuciados, ni a la banca que ha invertido en arreglar las viviendas y está pagado los gastos generales, ni al Gobierno, que no mitiga el problema.

Fuentes gubernamentales admiten que pueden flexibilizar los actuales requisitos para acceder a las viviendas. Ahora se pueden beneficiar las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, que se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008. El conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no debe superar los 1.597 euros y ninguno de ellos debe disponer de vivienda en propiedad. Deben ser familias numerosas, al menos, con un menor de tres años. Pero hay muchas más condiciones, que algún banco admite haberse saltado para poder alquilar algún piso.