La unión bancaria y la estabilidad financiera

Tras el anuncio de las autoridades griegas en el otoño de 2009 de un déficit público cuatro veces superior al que hasta entonces apuntaban los datos oficiales se puso en tela de juicio la robustez del marco institucional de la unión monetaria, primero, e incluso la viabilidad a largo plazo del proyecto común, después. Desde aquel momento se produjo una segmentación en los mercados financieros europeos como resultado de la combinación de tres factores principales: en primer lugar, la percepción por parte de ciertos inversores de un riesgo de ruptura de la unión monetaria; en segundo, la renacionalización de los flujos de capitales como consecuencia del marco fragmentado en materia de supervisión bancaria, y en tercero, la retroalimentación entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, especialmente en aquellos países que habían sufrido una burbuja en el precio de los activos, sobre todo inmobiliarios.

El primero de los factores mencionados, actualmente llamado riesgo de redenominación, ha impedido que las decisiones de política monetaria se transmitiesen de forma efectiva y homogénea a la economía real a lo largo y ancho de la unión. Esta distorsión ha hecho que el país de residencia sí importe y que una misma empresa tenga que afrontar condiciones muy distintas de financiación dependiendo de en qué parte de la zona euro resida. Se da así la enorme paradoja de la existencia de distintos tonos de política monetaria (expansiva en el núcleo europeo y contractiva en la periferia) dentro una misma unión monetaria.

Desde finales de julio del año pasado hemos empezado a observar una esperanzadora inversión de este proceso. El riesgo de redenominación ha sido superado gracias al compromiso de “hacer lo que sea necesario” para garantizar la irreversibilidad del euro.

El segundo factor se refiere al tipo de estructura de la supervisión bancaria en la zona euro, que al estar compuesta exclusivamente por autoridades supervisoras nacionales contribuyó a que se renacionalizaran los flujos de capitales. Desaparecieron así las dinámicas en los mercados mayoristas de financiación que deberían ser propias, no ya de una unión monetaria, sino de un mercado interior en el que los movimientos de capitales se creían libres.

La solución a dicho problema pasa necesariamente por unificar reglas, estándares y criterios aplicables en toda la zona, de modo que pueda alcanzarse un mayor grado de integración entre todas las entidades financieras que operen dentro de la eurozona. En este sentido, debemos dar la bienvenida al acuerdo alcanzado a finales del año pasado respecto al diseño del Mecanismo Único de Supervisión, por el que el Banco Central Europeo asumirá la responsabilidad de supervisión directa sobre los principales bancos de la zona euro.

La existencia de un supervisor único garantizará la libertad de movimientos de capitales dentro de la eurozona

El tercer factor hace referencia al riesgo percibido de que los recursos de los presupuestos nacionales de determinados países pudieran ser insuficientes para asumir los costes fiscales derivados de una crisis bancaria sistémica, pudiendo poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas del país en cuestión.

Históricamente, aunque el 80% de las crisis bancarias no han supuesto un coste fiscal superior al 15% del PIB (de hecho, el 50% no han superado los cinco puntos de PIB), existe evidencia de eventos de cola (un 5%) donde el coste ha llegado a alcanzar el 40%-45% del PIB. Los casos de Irlanda, Islandia o Chipre, tan actuales, son buen ejemplo de ello.

Para romper el nexo entre riesgo bancario y riesgo soberano es necesaria la creación de un mecanismo supranacional con capacidad para recapitalizar y resolver ordenadamente entidades financieras no viables, así como para movilizar un volumen de recursos fiscales suficientes como para cubrir el saneamiento bancario en cada uno de los países miembros. La puesta en marcha del Mecanismo Europeo de Estabilidad supone un paso importante en este sentido.

Pero no solo es necesario un mecanismo de resolución bancaria con un respaldo fiscal suficiente, sino que también lo es un fondo paneuropeo de depósitos —sea integrado en el mecanismo de resolución (como en EE UU) o no— que garantice a priori que los depositantes recuperarán sus ahorros, en todo caso y con total independencia de la posición fiscal del país concreto en el que resida. Así, en la medida en que se maximizaría la seguridad de los depósitos en toda la eurozona, la existencia de un fondo paneuropeo de depósitos, o mecanismo equivalente, es una condición fundamental para la estabilidad financiera en el conjunto de la zona euro. Los acontecimientos de los últimos días son una buena muestra de todo ello.

En suma, la combinación de un mecanismo único de supervisión, un mecanismo de resolución bancaria con respaldo fiscal suficiente y un fondo paneuropeo de depósitos constituye, en su versión más completa, lo que conocemos como unión bancaria. Muchos afirman que no puede haber unión monetaria sin unión fiscal previa. Sin embargo, la evidencia empírica internacional sugiere que en realidad lo que nunca puede existir es una unión monetaria sin una unión bancaria. Esta constatación es relevante, ya que la unión bancaria integra, implícitamente, una puesta en común de recursos presupuestarios, pero no en un sentido amplio —más propio de esquemas abiertamente federales y alejados de la actual realidad política europea—, sino acotada a la preservación de la seguridad de los depósitos y la estabilidad financiera.

En EE UU se estima que solo entre el 10% y el 15% de las perturbaciones económicas que afectan específicamente a un Estado son absorbidas por el mecanismo de transferencias fiscales existente entre los Estados y el Gobierno federal. Sin embargo, casos como los de Nevada y Florida son ejemplos de cómo la unión bancaria es un mecanismo de absorción de perturbaciones asimétricas mucho más potente que un presupuesto y una política fiscal únicos en el marco de una unión fiscal stricto sensu.

Así, en el Estado de Nevada, por ejemplo, entre 2008 y 2009, 11 entidades financieras con un volumen total de activos equivalentes a un 30% del PIB estatal fueron cerradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), generando pérdidas por valor del 10% del PIB estatal. Si se añaden las pérdidas asumidas por los bancos con filiales operativas en dicho Estado, la capacidad total de absorción de pérdidas directas e indirectas por el sistema, en virtud de la pertenencia de los bancos de Nevada a la unión bancaria estadounidense, podría llegar a situarse en el entorno del 20% del PIB del Estado. Sin embargo, pese a todo lo anterior —y esto es lo más relevante—, ni Nevada ha experimentado una crisis financiera local tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ni el Gobierno estatal ha tenido que ser rescatado por entidad federal o supranacional alguna; desde luego, no como en la experiencia europea.

En resumen, la existencia de un supervisor único garantizará la libertad de movimientos de capitales dentro de la unión. Adicionalmente, la combinación de un mecanismo de resolución bancaria con respaldo fiscal suficiente y un fondo paneuropeo de depósitos permitirá la mutualización de riesgos ex ante, así como un uso mucho más eficiente de los recursos fiscales sin tener que esperar a una plena unión fiscal que, hoy por hoy, parece todavía políticamente inasumible. La propuesta de unión bancaria que se ha puesto en marcha desde el Consejo Europeo de junio de 2012 es, por tanto, la condición imprescindible de estabilidad financiera y la clave para el futuro del proyecto histórico que representa el euro.

Román Escolano Olivares es presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).