El Gobierno francés aprueba el proyecto de ley de la reforma laboral

El Gobierno francés adoptó hoy el proyecto de ley de la reforma laboral, defendida por el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, por ser necesaria para sacar al país adelante y útil para el empleo, además de resultar de la negociación entre patronal y sindicatos.

"Es el primer acuerdo de esta importancia desde hace 30 años", subrayó Ayrault en declaraciones a la prensa al término del Consejo de Ministros que aprobó el texto que debe iniciar su tramitación parlamentaria con carácter urgente, desde comienzos de abril.

"Nuestro país no puede salir adelante si no soluciona su déficit y su deuda, pero tampoco si no hace grandes reformas, reformas que son útiles para el empleo, que son útiles para el crecimiento, que son útiles para la igualdad social", argumentó.

El texto salido del Consejo de Ministros es una adaptación fiel del acuerdo alcanzado el pasado 11 de enero entre el Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF) y tres de los cinco grandes sindicatos del país, mientras que los otros dos -incluido el mayor, la CGT- se oponen frontalmente

Sabedor de las reticencias que genera, y que ayer se tradujeron en manifestaciones que reunieron a varias decenas de miles de personas (hasta 200.000, según los organizadores), el primer ministro socialista señaló que "es una oportunidad para el empleo" que ofrece "seguridad" a los trabajadores.

Pero sobre todo insistió en que el proyecto de ley es consecuencia de "un acuerdo mayoritario" entre los interlocutores sociales y que responde a la promesa electoral del presidente francés, François Hollande, de "alentar el diálogo social".

Frente a las críticas recibidas por la Confederación General del Trabajo (CGT) por Fuerza Obrera (FO) y por sectores políticos a la izquierda del Partido Socialista (PS), hizo hincapié en que el texto prevé dispositivos con los que "anticipar" un deterioro en la situación de las empresas para "evitar que la única solución sean los planes sociales".

El proyecto de reforma establece una serie de medidas de flexibilización del mercado laboral, en particular con los "acuerdos de mantenimiento del empleo" para cuando se dan "graves dificultades coyunturales" que permitirán a las empresas negociar a la baja el tiempo de trabajo y/o los salarios.

Esos acuerdos, que tendrán una duración máxima de dos años, habrán de ser validados por una mayoría de los representantes sindicales de las compañías concernidas y los trabajadores que los rechacen se expondrán a un despido económico.

Paralelamente, incorpora medidas que refuerzan los derechos de los trabajadores, como la generalización del seguro sanitario complementario a los asalariados de pequeñas empresas, la conservación de los derechos a subsidio de paro acumulados si se vuelve a trabajar o la penalización -con más cotizaciones- de los contratos temporales de menos de tres meses.