Hipotecas y desahucios saltan de la calle al Congreso de los Diputados

El martes, el PSOE va a ceder su turno en el Congreso de los Diputados para que se vote cuanto antes si se toma en consideración y, por tanto, si se debate o no, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la dación en pago, respaldada por más de un millón de firmas, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La promueve junto con otras asociaciones y sindicatos. Será a las cuatro de la tarde tras la toma en consideración de otra ILP reivindicando la fiesta taurina.

Y esta semana se ha producido la comparecencia de expertos en el Congreso, acerca de las reformas hipotecarias y los desahucios. Es por lo menos la tercera, tras una comisión de vivienda en 2008 y una subcomisión en 2011, en dar audiencia a asociaciones ciudadanas.

Esta comparecencia se produce en la comisión de Economía y Competitividad, una semana después de que el ministro Luis de Guindos anunciara medidas para mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario y proteger a colectivos vulnerables, en el marco del debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios.

Las propuestas de Guindos demuestran que desde la última comparecencia de expertos, algo ha cambiado. Son una ampliación de las adoptadas en el Código de Buenas Prácticas y los dos reales decretos de medidas urgentes aprobados en marzo y noviembre de 2012 para admitir moratoria en el pago de las cuotas, la dación en pago, reestructurar la deuda o conseguir la suspensión del lanzamiento, aplicables solo para colectivos muy vulnerables.

Fernando Méndez, exdecano del Colegio de Registradores es uno de los expertos que repite comparecencia y, a su juicio "el Gobierno ha seleccionado un grupo de afectados y toda selección es arbitraria y discriminatoria. A los más débiles no les ayuda porque no compraron y para quienes perciben ingresos por debajo del mínimo fijado ya es inembargable. Quienes firmaron sin pleno conocimiento de las consecuencias tendrán que esclarecerlo en un juicio y si hay situaciones de necesidad se deben atender con medidas de política social y no con medidas que deterioren las bases del sistema hipotecario en perjuicio de todos", explica.

En la calle, en las tertulias y en los despachos se repite que se trata de combatir una situación de desequilibrio y desigualdad, no de atentar contra el sistema hipotecario que ha permitido dar hipotecas a un amplio número de ciudadanos que en su mayoría pueden cumplir con los pagos. La morosidad está en un 3,4%, según la Asociación Hipotecaria Española un 60% de la que se alcanzó en la crisis del 94.

Y este porcentaje, si nos ceñimos solo a primera vivienda, no llegaría ni al 1%, según explicaba hace unos meses Edmundo Rodríguez Achutegui. Un magistrado de los que, individualmente o a través de las juntas de jueces, han tomado postura a favor de una reforma del proceso de ejecución hipotecaria y, en algún caso, de paralizar los desahucios, hartos de vivirlos en primera línea.

Con ser poca la morosidad, el volumen de gente afectada es mucho mayor que en anteriores crisis y su situación, dramática. Y los afectados y movimientos como la PAH han evidenciado la situación de desequilibrio e indefensión entre la entidad financiera y el deudor de buena fe. Desequilibrios que reconoce el propio ministerio de Economía.

No se trata de reducir garantías sino de limar situaciones abusivas que han merecido el rechazo en las calles y fuera de nuestras fronteras. Pero el tiempo apremia. Y las últimas reformas hipotecarias en 2001 y 2011 volvieron a mejorar la posición de las entidades financieras. "El lobby bancario es muy fuerte", se dice bajando la voz. Pero las movilizaciones en la calle empujan.

Las reformas anunciadas la semana pasada por Guindos en el marco del proyecto de ley, incorporan medidas paliativas como que los jueces puedan minorar la deuda de las familia con el banco. Otra de ellas, reducir al 12% los intereses de demora. La situación actual es que "a quien tiene una hipoteca a 30 años y deja de pagar dos cuotas, se les exige la totalidad a un interés de demora del 20% o 30% y el procedimiento se dilata entre 12 y 16 meses. Esto hace que su deuda se encarezca en torno a un 30% en el momento en el que se dicta sentencia" explica Méndez, que propone intereses de demora similares a los de la ley de crédito al consumo o la ley cambiaria del cheque, de 2 a 2,5 veces el interés legal del dinero -menos de lo propuesto por Guindos- y revisar la base sobre la que se calcula que debería ser la de las cuotas que se han dejado de pagar o, en todo caso, las que vayan venciendo durante la duración del juicio.

También pide rebajar sustancialmente la fiscalidad de la dación en pago o equipararla con la subasta. "Si en un procedimiento de ejecución hipotecaria el banco se adjudica un piso porque ha encontrado un comprador, tanto la adjudicación como la cesión a un tercero están exentas de impuestos. Pero si llega a un acuerdo de dación en pago con el deudor y busca alguien que compre el piso, la operación se encarece un 20% o 25%", indica.

Méndez apuesta por incentivar que el deudor hipotecario, tras la ejecución, pueda continuar como arrendatario dedicando el importe de lo que pague a la extinción del crédito (anticresis). La banca acreedora pasa a ser el administrador y evita tener que provisionar de forma creciente, por el activo y el deudor no se queda en la calle. "La clave para que de resultado es que el Banco de España acepte que el pacto anticrético no provisione", según explica Méndez.

Otra compareciente en el Congreso, Francisca Sauquillo, del Consejo General de Consumidores, pidió, según Europa Press, una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados, análoga a la del resto de países europeos. Desde 2005 se nos prometió una ley de sobreendeudamiento familiar como la que existe en el resto de los países europeos.

Coincide de nuevo en plantear la dación en pago, al igual que el magistrado Vicente Magro quien pidió que se amplíen los supuestos en que la ley contempla la dación en pago, en un encuentro organizado por la editorial Francis Lefebvre en el que anotó que se contabilizan 526 desahucios al día entre locales y viviendas, en venta o alquiler.

La dación en pago, antes anatema, se va generalizando para situaciones excepcionales y está en la base de la Iniciativa Legislativa Popular que lidera la PAH y que ha duplicado el número preceptivo de firmas para prosperar.

La abogada de la PAH, Ada Colau fue una de las comparecientes en el Congreso y su compañero de organización, Adriá Alemany, destaca como a las presiones en la calle, se suman las de fuera de España y el papel activo de los jueces y lamenta que, como publicó EL PAÍS, no hayan sido escuchados. El PSOE ha pedido que se amplíen las comparecencias en el Congreso para dar cabida al magistrado José María Fernández Seijo.

La citada ILP plantea algo a lo que se opone la Asociación Hipotecaria Española, también invitada al Congreso, y es que la dación sea retroactiva. Y también solicita la suspensión de las ejecuciones.

Y no agota todas las peticiones de la PAH. Alemany explica que cuando se redactó hace un año y medio no existía el banco malo, la Sareb, y por eso no demandaba que los pisos adjudicados a la banca se destinen al alquiler. “Tenemos la oportunidad histórica de crear un parque de vivienda social”.

El magistrado Vicente Magro coincide en que el destino de las viviendas recuperadas por los bancos se destinen a este fin. Sugiere que se pacte el compromiso de que los ocupantes corran con los gastos de comunidad y fiscales del inmueble y reducir almáximo la renta a pagar por la familia.

El debate está abierto pero —aparte de abordar una situación de emergencia social— también se piden cambios que eviten que en cuanto vuelva la liquidez se repita el sobreendeudamiento.