Acuerdos por el empleo y el crecimiento

El año 2013 se presenta como un año de transición para la salida de la crisis. El año se inicia con menos pesimismo que el trimestre anterior, lo que se refleja fundamentalmente en la mayor confianza de los mercados financieros. Pero no nos equivoquemos: todavía será un año duro, con caída de la actividad y pérdida de empleos, pero tanto el Gobierno como la oposición deberían olvidarse de sus intereses partidistas y hacer un esfuerzo para realizar pactos, aunque sean parciales, que comiencen a poner las bases para el crecimiento de la actividad económica como única vía posible para la creación de empleo.

No en vano, y con mucho sacrificio, han mejorado algunos de los desequilibrios de la economía española. Se ha corregido el déficit comercial, se ha reducido el déficit público en una situación de crisis que lo hace más difícil y están en marcha reformas que, junto a los ajustes realizados, deben seguir afectando positivamente a la competitividad de la economía española: la reforma del sistema financiero ya muy avanzada, la reforma laboral que podría mejorarse, el intenso ajuste realizado en salarios y costes de producción y el ajuste del sector inmobiliario, del que por su magnitud todavía no puede esperarse más que una mayor caída de los precios hasta que se absorba el gran stock existente, especialmente en las zonas costeras.

La crisis ha afectado a todos los estamentos de la actividad económica —inversores, ahorradores, productores, comerciantes, empleados y consumidores—, aunque no con la misma intensidad. Pero el ajuste más doloroso para la sociedad ha sido el del empleo. Alcanzar los casi seis millones de parados, con una tasa de paro del 26%, es ya insoportable, aunque se tenga en cuenta el colchón de supervivencia que significa la economía sumergida y las ayudas públicas al desempleo. Pero también debería ser inaceptable para los responsables políticos, y en ellos incluyo a todos los que han tenido actuaciones públicas en los últimos 10 años, primero provocando y después negando y no evitando los efectos negativos de su gestión sobre la actividad económica. Por eso todos deberían sentirse lo suficientemente responsables como para intentar aunar los esfuerzos para salir de una vez de esta crisis tan prolongada. Después, cuando lleguen las elecciones, ya se pelearán.

En todos los documentos que se refieren al empleo se habla pomposamente de “políticas activas de empleo”, pero no hay más políticas activas que aquellas que ayuden a generar actividad económica, ya sea con creación de empresas nuevas o manteniendo y aumentando la actividad de las existentes, pero siempre en términos competitivos. No siempre tienen que ser políticas que cuesten dinero al erario público. A veces basta con una mayor eficacia administrativa, una reducción de trabas para facilitar la actividad empresarial y facilitar el crédito para las actividades productivas que se observen viables. Por desgracia, el sector público tendrá que continuar con su ajuste y por tanto con la reducción de empleo. Pero debería diferenciarse entre aquellas actividades necesarias para la sociedad (enseñanza y sanidad) y aquellas puramente administrativas que pueden ganar en eficacia evitando duplicidades al tiempo que se reduce el tamaño de las administraciones: estatal, autonómica y local.

Ha llegado el momento de dirigir los máximos esfuerzos posibles a incentivar el crecimiento de la actividad

Como es sabido, el punto más positivo de esta crisis ha sido la reducción del déficit exterior de la economía española, absolutamente necesario para poder reducir el excesivo endeudamiento externo. Dada nuestra dependencia energética y tecnológica, que nos obliga a cuantiosas importaciones, no queda más remedio que intentar incentivar las exportaciones. Las ganancias de competitividad conseguidas con los ajustes realizados en estos años de crisis y los esfuerzos realizados por muchas empresas para competir en el exterior han permitido crecer a nuestras exportaciones y ganar cuotas de mercado en un entorno difícil y competitivo. En Europa, donde se dirigen cerca del 70% de nuestras exportaciones, estamos en un mercado abierto en el que solo sobreviven los más competitivos, ya sea por precio o por calidad de los productos. En el resto del mundo y especialmente en Asia y Latinoamérica, donde nuestras exportaciones también están creciendo, se valoran los productos que se diferencian por el diseño, en el caso de los bienes, o por la incorporación de conocimiento en el caso de algunos servicios. Incentivar la internacionalización de las empresas y abrir nuevos mercados es una de las líneas a seguir para impulsar la actividad y la creación de empleo.

En algunas ocasiones se habló de la necesidad de un gran pacto entre los partidos políticos, sindicatos y empresarios para acordar medidas que propiciasen la salida de la crisis, pero no hubo el menor interés en conseguirlo. Sin embargo, en el momento actual la situación de las familias y la contestación social han llegado a un punto tan crítico que exige llegar a algún tipo de acuerdo que, aunque sin ser un gran pacto, permita tomar iniciativas que generen confianza y esperanza entre la población.

De momento, hay iniciativas del PSOE y del Gobierno que deberían traducirse en algo más concreto. Las propuestas que Rubalcaba ha hecho llegar a Rajoy para luchar contra el desempleo deberían discutirlas seriamente, ya que algunas de ellas son negociables en el seno de la UE, como el retraso del objetivo del déficit y conseguir que no computen las inversiones públicas en el objetivo del déficit. La respuesta inmediata del último Consejo de Ministros, con la reducción de cotizaciones para emprendedores jóvenes por seis meses, no parece suficiente y es muy limitada en el tiempo considerado el que se necesita para emprender alguna actividad nueva. Es un error anunciar medidas tan limitadas en vez de presentar una estrategia más amplia y consensuada en un tema tan complicado como es la incentivación de la actividad y del empleo.

Otra iniciativa en marcha es la ley de emprendedores, que debería tener en cuenta todas las posibilidades de ayudas e incentivos, ya sean de carácter administrativo —como la tan anunciada, pero sin hacerse realidad, ventanilla de 24 horas para la creación de empresas—, así como los incentivos en cotizaciones sociales, incentivos fiscales tanto en el tratamiento del IRPF como la devolución total o parcial del IVA y el tratamiento de plusvalías y la creación de un fondo de capital público para la creación de empresas y/o impulsar el capital riesgo. Algunos de estos instrumentos ya existen, pero hay que hacerlos más eficaces. Adicionalmente, estos incentivos podrían hacer emerger actividades y empleos que están sumergidos como única forma de supervivencia en una situación tan difícil como la actual.

En cuanto al apoyo de Europa, y a pesar de la aprobación del pacto para el crecimiento y el empleo y de las propuestas presentadas por la Comisión Europea en octubre de 2012, no puede esperarse ningún avance en el corto plazo hasta que esté aclarado el destino presupuestario de los fondos estructurales. Las iniciativas para el empleo de los jóvenes con la creación de un mercado laboral europeo están lejos de conseguirse. En cuanto a los incentivos al crecimiento, habría que intentar negociar la medida ya anunciada de no considerar las inversiones públicas como parte del objetivo del déficit, que de momento deja fuera a los países como España, que todavía no cumplen con el objetivo. Por último, solo si los países de la UE que no están inmersos en un ajuste de su déficit público incentivan su demanda podrían hacer de motor para el conjunto de la UE.

No es tarea fácil, pero si el Gobierno quiere alcanzar los objetivos incluidos en el Presupuesto 2013, con crecimiento del PIB en el segundo semestre del año y creación de empleo al final del mismo, tendrá que hacer algo más que ahondar en las reformas y corregir el déficit. Aprovechando el respiro que parecen darnos los mercados y la moderación de la prima de riesgo, que ayudará en la tarea de ajuste del déficit público, y sin dejar de avanzar en las reformas estructurales comprometidas, ha llegado el momento de dirigir los máximos esfuerzos posibles a incentivar el crecimiento de la actividad de manera que las empresas comiencen a crear empleo.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).