El Banco de España da un vuelco al modelo de supervisión

La gravedad de la crisis financiera ha exigido una profunda reforma de los sistemas de supervisión, criticados en los últimos años por Bruselas e, incluso, por los propios inspectores del Banco de España tras el hundimiento de dos tercios de las cajas de ahorros. La institución dirigida por Luis Linde anunció este martes que la comisión interna creada para cumplir con las indicaciones de la Comisión Europea ha establecido “un seguimiento continuado in situ” de las 16 entidades relevantes. Para el resto habrá un seguimiento a distancia que se completará con al menos una visita de inspección cada tres años.

Hace unos años, solo tenían inspectores empotrados el Santander y el BBVA. Luego se amplió a La Caixa y Bankia y, recientemente se han incluido el Popular y Sabadell. Los inspectores denunciaron que se habían dedicado muchos recursos a los grandes bancos y pocos a donde estuvieron los problemas, “las cajas y los bancos medianos”, dijo la Asociación de Inspectores en el informe cuyo contenido fue publicado por este periódico.

Las medidas llegan después de que el propio gobernador del Banco de España admitiera en julio que la institución “actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado” tras las críticas por su gestión durante el boom del ladrillo. El organismo ha sido acusado por sus propios inspectores de no perseguir eficazmente los indicios de delito, alterar el sentido de los informes de inspección y practicar una política opaca que impidió tomar decisiones correctas en la crisis.

Ahora Linde endurece la supervisión con un sistema que pretende “la corrección temprana que, a medida que aumente el riesgo de una entidad, se activen de forma automática actuaciones supervisoras, cada vez más coercitivas, para frenar el deterioro”.

'Hombres de negro' en las entidades

El nuevo método atacará el gobierno interno de los bancos y el riesgo a través de requerimientos que exijan la retención de beneficios y recargos de capital. El 60% de la supervisión se dedicará a la inspección tradicional y el resto “a seguimiento financiero y análisis de riesgo”. “Todas las carteras de crédito significativas serán inspeccionadas, como máximo, cada tres años”, incluye el informe elaborado por Ángel Luis López Roa, consejero del Banco de España a propuesta del PP. Los inspectores denunciaron que en algunas cajas no se revisaron los préstamos en los últimos cinco años.

Otra de las grandes reformas es que “la información a la Comisión Ejecutiva sobre la posible discrepancia entre el Informe de inspección, por un lado, y la información y propuesta a la Comisión Ejecutiva, por otro, se incluya en un apartado específico”. Los inspectores denunciaron que las discrepancias “se modulaban” y podían no llegar a la cúpula.

La comisión también dice que se establecerá “un marco estandarizado para la adaptación de medidas supervisoras en función del perfil de riesgo de las entidades de crédito”, algo que no existía hasta ahora.

En adelante, la institución “vinculará la supervisión microprudencial y la supervisión macroprudencial”, tal y como ha exigido Bruselas. Es decir, hay que vigilar cómo afectan los problemas de la economía en las entidades y a la inversa. Es lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria, que se creó poco a poco en cada entidad, a la vez que en toda la economía, con gran impacto en las cuentas públicas.

El sistema de supervisión in situ ya se aplica en algunos bancos grandes, pero ahora se planea extenderlo a las 16 entidades relevantes

Otro de los objetivos es que las acciones de corrección se acometan sin demora. Esta también era una de las reivindicaciones de los inspectores. Entre los nuevos temas que se vigilarán están la gobernanza de las entidades.

A partir de ese Informe, se propondrá a la Comisión Ejecutiva el correspondiente escrito de requerimientos u observaciones, en el que se incluirán los ajustes y deficiencias detectados en el semestre, añade el supervisor. Por último, se propone fortalecer la planificación de las actuaciones inspectoras y el procedimiento, en línea con lo exigido por Bruselas.