La OCDE afea a España sus fallos al investigar sobornos en el extranjero

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado un devastador informe en el que reprocha la falta de compromiso de España con la Convención para la Lucha contra los Sobornos en Países Extranjeros, que firmó en 1997. El documento indica que de las 23 recomendaciones hechas durante la última inspección de la organización internacional, realizada en 2009, solo se han puesto en práctica "satisfactoriamente" cuatro, mientras que más de la mitad (14 en total) se consideran "no implementadas". Sobre todo, la OCDE se declara "seriamente alarmada" por la falta de efectividad de la Justicia española a la hora de perseguir el cohecho de los funcionarios extranjeros.

Desde que en 2000 se incluyese por primera vez el delito de cohecho a funcionarios extranjeros en el Código Penal, los tribunales han archivado las siete investigaciones realizadas, un número "bajo" para el tamaño de la economía española y su proyección internacional, especialmente en países "de alto riesgo" y en sectores propensos a la corrupción en los contratos, como la industria de defensa. La organización también señala la "falta de datos" acerca de la persecución "efectiva" de los delitos contables y, según el informe, teme que la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno el pasado marzo pueda poner en riesgo las investigaciones de la Fiscalía.

De los siete grandes bloques en los que se reparten las recomendaciones hechas en 2009, la OCDE no registra ningún avance en tres de ellos: la definición del delito de soborno, el régimen de sanciones a aplicar y las responsabilidades penales de las personas jurídicas. En especial, la organización internacional señala como problemas la exención de responsabilidad penal de las empresas públicas, las diferentes penas que recibe el cohecho dependiendo de si el funcionario acusado es ciudadano de la UE o no, la rapidez con que siguen prescribiendo ciertos delitos de cohecho o la falta de penas más duras para los sobornadores, incluida la confiscación de bienes.

En los otros bloques, el único donde el avance ha sido plenamente satisfactorio ha sido en la prohibición explícita de que los sobornos desgraven, aunque la organización insiste en que las Haciendas forales (las del País Vasco y Navarra) llevan retraso en ese aspecto.

La organización se dice "preocupada" acerca de la "falta de datos" sobre la persecución de los delitos contables, aunque aplaude los progresos hechos por la legislación española en ese sector, especialmente en el ámbito de las auditorías. La OCDE recomienda asegurar que las penas por esta clase de delitos "tanto a personas físicas como a jurídicas" sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

La organización también señala su "significativa preocupación" por el potencial de la amnistía fiscal, aprobada el pasado mes de marzo por el Gobierno, de "impedir la efectiva detección y denuncia de posibles sobornos en el extranjero por parte de los inspectores de Hacienda". Aunque admite que las iniciativas antifraude que complementan a la amnistía son "alentadoras", el informe emplaza a seguir investigando los efectos que pueda tener sobre la prevención de esta clase de delitos.

Entre las 30 recomendaciones hechas a España en este nuevo informe, destacan la petición de simplificar la legislación, facilitar la investigación y endurecer las penas por soborno a funcionarios en el extranjero, incluyendo la confiscación de bienes de las personas jurídicas; enmendar el Código Penal para que las empresas públicas también puedan ser responsables penalmente, asegurar una mayor coordinación entre la Fiscalía y las administraciones tributarias, y fomentar y proteger las denuncias hechas por particulares, tanto en el sector público como en el privado.