Los parlamentarios de gobierno piden investigar la presunta corrupción de un exministro

Los parlamentarios de los tres partidos que forman el gobierno griego pidieron hoy establecer una comisión para investigar la posible responsabilidad penal del exministro de Finanzas Yorgos Papakonstantinu por su supuesta implicación en el escándalo en torno a la llamada "Lista Lagarde".
La petición está firmada por 71 parlamentarios, 36 del partido conservador Nueva Democracia del primer ministro, Andonis Samarás, 22 del socialista Pasok y 13 de la izquierda moderada Dimar.
Solo tres parlamentarios del Pasok no firmaron el documento: su presidente, Evángelos Venizelos, el primer ministro del periodo de los hechos, Yorgos Papapandréu, y el expresidente del Parlamento Apóstolos Kaklamanis.
La iniciativa se fraguó después de que los fiscales encargados de combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero descubrieran dos cuentas bancarias en Suiza que pertenecían a dos primas de Papakonstantinu.
Las mismas no aparecían en la lista inicial cuya filtración a la prensa desencadenó este año un gran escándalo, entre otros por la evidente falta de interés que los entonces gobernantes habían mostrado para controlar los datos y perseguir a los supuestos evasores de impuestos.
Se había formado entonces una comisión investigadora, pero cuando esta pidió el original de la lista a Papakonstantinu, el ex-ministro dijo que la había perdido.
En reacción, el actual ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, pidió a Francia una copia de la "lista Lagarde".
"Parece que el entonces ministro de Finanzas Yorgos Papakonstantinu haya falsificado el documento y haya tratado el asunto de modo que provocó daño al Estado", se señala en la petición de los parlamentarios.
"La Comisión de investigación debe también pronunciarse sobre si los delitos supuestamente cometidos por Papakonstantinu han sido cometidos en el marco de su función, o si son delitos del derecho penal", se añade.
La mayor fuerza de la oposición, el partido de izquierda Sýriza, condena el esfuerzo del gobierno de limitar las responsabilidades por el escándalo a una sola persona.
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