España vigilará de cerca las normas que proponga la CE para cultivo del vino

España seguirá "con atención" las nuevas normas para regular el cultivo del vino que la Comisión Europea (CE) deberá plantear como alternativa a la liberalización de las plantaciones en 2015, dijo hoy el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El ministro indicó a su llegada a un Consejo de Agricultura que España pondrá hoy de manifiesto que considera "un buen paso" las conclusiones del grupo de expertos creado por Bruselas este año para estudiar la situación del sector.

Para el ministro, las conclusiones "constituyen una base sólida para seguir trabajando", ya que "permiten a los gobiernos seguir muy de cerca la evolución de los mercados y tener un control de las plantaciones que evite unos incrementos de producción desaforados que provoquen hundimientos de precios y unas caídas de renta muy potentes para los productores".

Arias Cañete señaló además que España seguirá "con mucha atención los desarrollos normativos" derivados de los trabajos del grupo e indicó que ahora la CE tendrá que presentar una propuesta normativa, porque, de lo contrario, en 2015 desaparecerán los derechos de plantación, salvo que se haya recurrido a su prórroga hasta 2018.

Los cambios implicarán además, dijo el ministro, una modificación de la Organización Común de Mercado del vino, que "veremos cuándo la presenta la CE y en qué términos".

"Seguiremos nuestros trabajos conjuntos con todos los países aliados en la materia, pero nos parece que en esta ocasión la Comisión ha dado respuesta a las inquietudes", dijo Arias Cañete.

El objetivo fundamental que se había fijado España "era corregir el gran error que se cometió en la reforma de 2008, donde el gobierno socialista español consintió la liberalización de las plantaciones a partir de 2015", lo que causó una "enorme preocupación" en el sector.

Pese a que los Veintisiete se comprometieron en 2008 a eliminar los derechos de plantación del vino a partir de 2016, la oposición de quince países (incluidos España, Francia, Alemania e Italia) a esta medida llevó a Bruselas a estudiar un sistema alternativo para mantener los derechos de plantación de viñedo más allá de 2015, pero de un modo más flexible.

El objetivo no es extender el régimen actual, sino buscar una nueva fórmula que resuelva los problemas existentes.

La conclusiones del grupo de alto nivel plantean la creación de un régimen de autorizaciones, en cuya concesión jugarían un importante papel los Consejos Reguladores.