España pedirá finalmente hasta 42.500 millones para salvar a la banca

España pedirá a Bruselas entre 40.000 y 42.500 millones de euros para rescatar su banca, según las cifras que confirmaron ayer fuentes del Gobierno y que manejan ya fuentes europeas. El desglose es el que sigue: 37.000 millones para las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia), más 2.500 millones para capitalizar el banco malo, bautizado como Sareb. Y entre 2.000 y 3.000 millones adicionales para las entidades que pese a no estar nacionalizadas pueden requerir dinero público ante las dificultades para levantar capital e incluso para vender filiales a precios razonables. El Ejecutivo confiaba hasta última hora en rebajar algo esas cifras con la búsqueda de inversores para Caja España-Duero (Ceiss) y Caja3 (CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz), pero los procesos de fusión en los que estaban embarcadas no han llegado a buen puerto. Será Bruselas, y en último caso el contribuyente español, quien socorra al sector financiero.

La factura total superará finalmente los 40.000 millones de euros (cuatro puntos de PIB, pese a que Economía manejaba hasta hace poco cifras algo inferiores) ante la delicada situación de entidades que no han caído bajo el paraguas del sector público, pero que necesitan capital para cumplir con los requisitos regulatorios y disponen de algo más de tiempo para conseguirlo. El Popular es quien mejor lo tiene: prácticamente ha cerrado ya una ampliación de capital de unos 2.500 millones, aunque Bruselas no descarta crear un fondo de contingencia para este banco, por si hay sorpresas. Aun así, Bruselas considera que España necesitará al final “hasta 3.000 millones más” para entidades como BMN y Liberbank, Caja3 y Ceiss.

Estas dos últimas no han conseguido cerrar los procesos de fusión en los que se encontraban. Los problemas llegaron tras la auditoría de Oliver Wyman. Caja3 tenía planes para unirse con Liberbank e Ibercaja, pero la consultora determinó que necesitaban 2.108 millones para seguir adelante: en cuanto se conoció la noticia, Ibercaja rompió el proyecto de unión, convencida de que podría salir adelante en solitario. Liberbank y Caja3 se quedaron aisladas con fuertes déficits de capital: la primera necesita 1.198 millones y la segunda 2.063 millones. Dos problemas más para el Gobierno.

El otro caso es el Caja España-Duero, que anunció en marzo pasado un acuerdo de fusión con Unicaja que ahora parece imposible. Según Oliver Wyman, si se hubieran fusionado tendrían un exceso de capital de 128 millones, una cantidad demasiado ajustada para Unicaja. Si esta sigue sola tiene mucho más margen. A cambio, si la entidad malagueña abandona a su suerte a Caja España, el déficit de esta última es de 2.063 millones. Esto es lo que preocupa al Gobierno y a Bruselas. Por último, está la murciana BMN, cuyo déficit de capital asciende a 2.208 millones. Está a punto de cerrar la venta de la red de Caixa Penedès al Sabadell, una operación que gusta a las autoridades comunitarias, que vetaron la fusión de BMN y el Popular.

Las entidades con problemas de capital que no están nacionalizadas comenzarán estos días su negociación con Bruselas para acordar planes de recapitalización: venta de participaciones industriales, negocios y activos tóxicos al banco malo. Con estas desinversiones reducirán sus necesidades. Al final, con estas antiguas cajas sucederá como con las nacionalizadas: tras la recapitalización llegará una exigente reestructuración que incluirá despidos y ventas de filiales, y probablemente un regreso a sus mercados geográficos de origen. “Bruselas, el Banco de España y el Gobierno están obligando a las cajas a que vuelvan a ser cajas”, explicaban ayer fuentes financieras en Washington.

Todo el proceso de desmantelamiento de un sector centenario como el de las cajas se precipitará en los próximos días. El vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, presentará el miércoles los planes para las entidades nacionalizadas, así como el capital definitivo que se les inyectará, que fuentes de Economía cifran “en algo más de 35.000 millones” y fuentes comunitarias concretan en “hasta 36.000 ó 37.000 millones”. Paralelamente, España tiene que completar la puesta en marcha del banco malo, que ha provocado ciertos recelos en el FMI, para el que busca desesperadamente inversores privados y en el que el Frob inyectará unos 2.500 millones, según fuentes de Moncloa.

Bruselas espera que las autoridades españolas apliquen con extremo rigor los planes de reestructuración asociados a esas ayudas para que las entidades que reciben los fondos “no vuelvan a costar dinero al contribuyente y en el mejor de los casos se pueda recuperar parte del dinero invertido”, según las fuentes consultadas. La duda que queda en el aire es si la reestructuración emprendida puede tener efectos contraproducentes si es demasiado exigente.