La industria asegura que el consumidor será quien pague el fin del déficit

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró en el Congreso el martes que las empresas eléctricas asumirán la mitad del ajuste necesario para cumplir los objetivos de déficit tarifario en el periodo 2012-2013, en tanto que el 50 % restante se repartirá entre los consumidores y el Estado.

"Todos sabemos como funciona el mercado eléctrico, e incluso algún tipo de generación eléctrica va a mantener importantes subvenciones a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Así que de forma directa o indirecta, lo pagaremos los consumidores de energía", aseguran las 17 organizaciones en una carta abierta al Gobierno.

Los firmantes representan a los sectores de cogeneración (Acogen), azulejo (Ascer), papel (Aspapel), fundición (Feaf), yeso (Atedy), ladrillo (Hispalyt), madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre), vidrio (Vidrio España), material de construcción (Cepco) y grandes consumidores (Aege).

Lamentan en la carta la negativa del Ministerio de Industria a escuchar sus propuestas, así como que a nadie parezca importarle las consecuencias que tendrán para la industria las nuevas tasas energéticas diseñadas por el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa eléctrica.

"Esta vez, a los que pagamos, nos van a expoliar. Y cuando se inicie el cierre de empresas, cuando los trabajadores lleguen a la calle, a ver quien los calla. Luego habrá quien se lamente, siempre lo hay, seguro que el que se mostró mas indolente ante esta flagrante extorsión fiscal que va a llevarse al tejido industrial de este país por delante. Al final sol y playa", concluye el escrito.

En la quinta entrega de su carta abierta al Gobierno, las asociaciones industriales reiteran que las medidas sobre fiscalidad energética propuestas por el Ejecutivo generarán una pérdida de competitividad inmediata en múltiples sectores y podrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial española y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el empleo.