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El Gobierno actúa para que las empresas en beneficios paguen el paro en los ERE

La medida afecta a las grandes compañías en beneficios que despidan a mayores de 50 años

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, acompañada por la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, acompañada por la Ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE

El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto que completa una de las medidas de la reforma laboral que no se estaba cumpliendo por parte de las empresas que decidan hacer ERE tras tener dos años en beneficios por falta de un reglamento claro. En concreto, la norma que obliga a las compañías de más de 100 empleados que realicen un despido colectivo sobre al menos 50 personas y que incluyan a uno o más trabajadores de 50 años en el proceso a compensar al Estado por el gasto en prestaciones de los despedidos. No obstante, el desarrollo de la ley  también establece que el Tesoro devolverá a las empresas las cuantías aportadas que en el plazo de seis meses encuentren un nuevo empleo.

Según ha apuntado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el objetivo de esta medida, conocida como la cláusula Telefónica, "no es que las empresas no lleven a cabo estos ajustes, sino que no sea el sector público el responsable de las aportaciones". Este colectivo tiene serias dificultades para poder volver a trabajar una vez que cae en el paro. El principal cambio con respecto a la normativa previa a la reforma laboral es que ahora, esta medida es de obligado cumplimiento cuando haya un solo trabajador de más de 50 años, cuando hasta la fecha el mínimo era de 100.

Ante las dificultades que estaba teniendo el Estado para cobrar las aportaciones, el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros es regular el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones.

Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de treinta días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.