Manifestantes y Policía vuelven a enfrentarse en la ciudad panameña de Colón

Colón, a unos 80 kilómetros de la capital panameña, es escenario de protestas desde el pasado miércoles, aunque la violencia se desbordó el viernes, cuando un niño de 10 años resultó muerto y varios policías heridos de bala durante saqueos y enfrentamientos a tiros entre revoltosos y la Policía.

Hoy, tras un fin de semana relativamente tranquilo, agentes antidisturbios de la Policía Nacional dispersaron a los manifestantes que marchaban por varias zonas de Colón, y también se enfrentaron a grupos de encapuchados que les lanzaban piedras, botellas y palos.

La televisión local mostró imágenes de policías lanzado bombas lacrimógenas contra grupos que quemaban neumáticos en las calles, y reportó además enfrentamientos a tiros entre los agentes de seguridad y manifestantes en zonas aledañas a la ciudad.

Las mismas fuentes periodísticas informaron de que al menos una menor de edad y un agente policial resultaron heridos de bala, sin que ninguna autoridad lo haya confirmado.

Contingentes de la Policía también impidieron este lunes que grupos de manifestantes establecieran bloqueos en las principales vías que conducen a la Colón.

El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Anacleto Ceballos, denunció que los agentes de seguridad habían dispersado con "bombas lacrimógenas, perdigones" y hasta "balas", a manifestantes que marchaban pacíficamente cerca de la sede del gremio, y pidió a las autoridades que cesen las cargas.

Ceballos aseguró además que hoy en Colón comenzó con "éxito" el paro de 48 horas, prorrogable "hasta que sea derogada" la ley que permite la venta de terrenos públicos de la Zona Libre.

"Los comercios en Colón sí están cerrados" en respuesta a al llamamiento de paralizar las actividades, dijo el dirigente, que pidió trasladar de la capital a Colón el diálogo propuesto por el Gobierno para buscar una salida concertada a la crisis.

La norma que permite la venta de las tierras en la Zona Libre de Colón fue aprobada el pasado viernes por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN), y promulgada horas después por el presidente Ricardo Martinelli.

Los sectores que se oponen a la privatización y que han pedido derogar la ley que lo permite alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo, que con la medida beneficiaría a sus aliados políticos.

El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha sostenido que el Gobierno "no ha considerado en lo absoluto" derogar la ley, porque cree que es buena pero que "no ha sido entendida" por los grupos que la rechazan.

Henríquez inició ayer un proceso de diálogo reuniéndose con el obispo de la ciudad, Audilio Aguilar, y con representantes de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, informó el Gobierno, que añadió que este lunes seguirán los contactos.

El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, sostuvo hoy que ningún usuario de la Zona Libre está obligado a comprar el terreno que usa, y que podrá mantener el alquiler aunque con un canon más alto, y reiteró que la nueva ley generará recursos para impulsar el desarrollo de la región.