Pego, exdirector general de la caja, dice que el supervisor conocía los contratos

Durante su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el que fuera máximo ejecutivo de NCG insistió en que el consejo de administración de la entidad, antes de aprobar los contratos firmados en octubre de 2010 por él y otros directivos, conocía su contenido pues tuvo a su disposición toda la documentación.

Pego, que se enfrenta a un delito de administración desleal o apropiación indebida por la percepción de 1,44 millones de euros en el caso de las jubilaciones millonarias, también hizo hincapié en que el supervisor bancario tuvo conocimiento del contenido de los contratos.

De hecho, señaló que el Banco de España le pidió que cuantificara lo que suponían las modificaciones registradas y que la entidad provisionara esas cantidades, lo que el consejo de administración hizo en agosto de 2011.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en esa reunión los consejeros dotaron una provisión "cuya cuantía no se concreta", aunque ese punto del orden del día recibió el voto en contra de tres de los miembros.

Pego explicó que uno de esos consejeros se interesó posteriormente por el contenido de esos contratos y que, una vez recibidas explicaciones al respecto, declinó ver los documentos firmados.

Durante su declaración, el exdirectivo insistió en que los contratos firmados buscaban homogeneizar las condiciones, ya que él, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán -ambos ya han prestado declaración- procedían de Caixanova, mientras que Jesús García de Paredes -el primero en comparecer- provenía de Caixa Galicia.

Pego afirmó que los contratos no contenían ninguna mejora respecto a los firmados en 1999 y 2005, contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que argumenta que se incluyeron conceptos nuevos que elevaron sustancialmente las pensiones a cobrar.

El antiguo máximo ejecutivo de Novacaixagalicia también hizo hincapié en que los contratos antiguos y los nuevos incluían conceptos fijos, que no estaban sometidos a los resultados del grupo financiero gallego, que fue intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en septiembre de 2011.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Pego debe devolver 1,44 millones de euros, procedentes sobre todo del premio especial por dedicación, que ascendía a 933.156 euros, y a la paga de beneficios y otros conceptos retributivos correspondientes al período 2011-2021, que cobró anticipadamente.

El próximo lunes declarará el expresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, que será el último de los cinco imputados en comparecer ante el juez por el caso de las jubilaciones millonarias del grupo.

De acuerdo con Anticorrupción, los altos directivos imputados percibieron 18,9 millones de euros, de los que deben devolver 7,87 millones de euros obtenidos indebidamente gracias, supuestamente, a la colaboración de Fernández Gayoso.