La CE abre una investigación sobre la liquidación del banco griego Protón
La Comisión Europea ha autorizado provisionalmente la ayuda hasta que tome una decisión final sobre el plan de reestructuración del Nea Protón Banco, la nueva entidad legal creada a raíz de la liquidación de Protón Banco, informó hoy el Ejecutivo comunitario.
No obstante, al mismo tiempo ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si estas medidas se ajustan a las normas de la UE en materia de ayudas estatales.
El 9 de octubre de 2011 Banco Protón fue disuelto y su licencia bancaria retirada. Una serie de activos y responsabilidades acabaron en un banco "puente", la nueva entidad, Nea Protón Banco.
Dado que no se transfirieron todos los activos y puesto que la cartera traspasada fue valorada a su precio justo, el balance de Nea Protón Banco contenía más responsabilidades que activos.
La diferencia fue equilibrada con una contribución del Fondo Heleno de Depósitos y Garantías de Inversiones y el capital inicial de Nea Protón Banco fue aportado por el brazo de liquidación del Fondo Heleno de Estabilidad Financiera.
La CE determinó que los 1.220 millones de euros procedentes del Fondo de Depósitos y Garantías equivalen a una garantía dado que no serán reembolsados y que la inyección de capital de 550 millones de euros por parte del Fondo de Estabilidad Financiera, de la que no se puede esperar un retorno positivo, representa una ayuda estatal.
Estas medidas sirvieron para rescatar las actividades económicas del antiguo Banco Protón, que continuarán en la nueva entidad legal Nea Protón Banco. De otra manera, estos negocios hubieran desaparecido.
Las autoridades griegas han presentado a la Comisión Europea un plan de reestructuración para Nea Protón Banco, basado en un modelo de negocio en el que esta entidad seguiría funcionando sola.
En esta fase del análisis, el Ejecutivo comunitario tiene dudas sobre si el plan permitirá restaurar la viabilidad de Nea Protón Banco a largo plazo sin ayudas estatales continuadas y si representa la solución menos costosa.
La apertura de un expediente de investigación proporciona a las partes la posibilidad de justificar las medidas pero no prejuzga el resultado del análisis.
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