CAM, un año de intervención con su cúpula directiva en proceso judicial
La CAM, ahora en manos del Banco Sabadell, fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España al ser víctima del "agujero" que había generado en sus cuentas la inversión en el "ladrillo".
En concreto, en los seis primeros meses de ese año, la CAM admitía pérdidas de 1.136 millones de euros.
Tras su intervención, el Banco de España capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones y nombró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como su administrador provisional.
Así, desde ese momento, la que había sido años antes la cuarta mayor caja española y que contaba con más de 130 años de historia, pasaba a estar controlada por el Estado, que daba luz verde al proceso de subasta varios meses después.
De esta manera, la CAM, que incluso fue calificada por el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor", fue adjudicada al Sabadell en diciembre de 2011.
El coste de su saneamiento fue asumido por la banca mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que adquirió por 5.249 millones el 100 % de la caja para venderla al banco catalán por un euro.
En medio del proceso de subasta de la caja alicantina, la Fiscalía Anticorrupción decidía investigar la gestión realizada por la exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós, ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.
En esos días, Amorós fue sometida a un despido disciplinario tras conocerse detalles de su gestión al frente de la caja, de la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros.
Además, se acusaba a Amorós de pactar una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación.
Actualmente, la Audiencia Nacional ha acordado retirar el pasaporte de Amorós y otro exdirectivo general de la CAM, Roberto López Abad, ante el posible riesgo de fuga.
En la causa contra la antigua cúpula de la CAM también están imputados el expresidente de la caja Modesto Crespo, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la entidad Teófilo Sogorb.
Estos cinco imputados están acusados de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida.
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