El FMI y la Comisión Europea aplazan su visita a Rumanía por la crisis política
Una delegación del FMI y de la CE debía evaluar en Bucarest entre el 22 y 29 de julio el cumplimiento por parte de Rumanía del acuerdo crediticio preventivo de dos años alcanzado en 2011, por el que el Gobierno rumano tiene a su disposición unos 5.000 millones de euros en caso de necesidad.
"Las delegaciones del FMI y la CE han considerado siempre que no deben venir en campaña electoral, y la semana del 22 al 29 es la última semana de campaña", señaló Ponta en rueda de prensa.
La decisión de las dos instituciones internacionales confirma la parálisis que vive Rumanía desde que la mayoría gubernamental de socialdemócratas y liberales iniciara en el Parlamento rumano el pasado 6 de julio el proceso de destitución Basescu por supuestas violaciones graves de la Constitución.
La revocación definitiva del jefe del Estado de centro-derecha debe ser decidida por el pueblo en un referéndum.
El proceso para destituirle ha puesto al Gobierno rumano en el punto de mira de la Unión Europea (UE) y de otras cancillerías occidentales.
Bruselas, Washington y capitales europeas como Berlín han criticado el cambio brusco por parte del Gobierno de Ponta de dos leyes para allanar el camino a la destitución de Basescu, y se han mostrado preocupadas por el Estado de Derecho en este país excomunista, miembro de la UE desde 2007.
En el poder desde el mes de mayo, cuando triunfó una moción de censura con el último Gobierno conservador fiel a Basescu, Ponta y el presidente han vivido en guerra abierta en sus escasos dos meses de cohabitación.
La batalla continúa ahora en forma de campaña electoral para una consulta popular que decidirá el futuro de Basescu e influirá en las opciones de Ponta y su coalición en las elecciones legislativas de este otoño.
El Parlamento rumano se reúne mañana y pasado para adecuar las leyes de la discordia al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que no ha aceptado la eliminación mediante un decreto del Gobierno del quórum de participación del 51 % para validar el referéndum del día 29.
La UE y embajadores acreditados en Bucarest han exigido al Gobierno que aplique la decisión del TC y garantice la legalidad del referéndum.
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