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El Gobierno planea suprimir la paga extra de Navidad a los funcionarios

El Ejecutivo informará este miércoles en la mesa de la función pública del nuevo real decreto Incluirá "medidas urgentes" para reducir el gasto tras las recomendaciones de Bruselas El CSI-F advierte de que tomará medidas de presión si se confirman los recortes

El abanico de medidas que maneja el Gobierno para recortar el gasto es amplio. Entre ellas destacan las que afectan a los empleados públicos. Sobre todo la que consiste en eliminar temporalmente la paga extra de Navidad a los funcionarios, que según admiten fuentes del Ejecutivo, está dentro de un paquete de opciones en el que también está ampliar el número de horas semanales de los empleados públicos fijos y un considerable número de despidos de personal eventual e interinos. Las tijeras también apuntan al seguro de desempleo, señalan otras fuentes gubernamentales.

Los detalles de los recortes comenzarán a saberse este miércoles. Además de la comparecencia de Mariano Rajoy por la mañana, Hacienda ha convocado a los sindicatos por la tarde para la mesa de la función pública, donde se negocian los asuntos relativos a los funcionarios, y les informará de las nuevas medidas de ajuste.

Hace unas semanas el secretario de Estado, Antonio Beteta, aseguraba que el Gobierno adoptaría “cualquier medida antes que la reducción de salarios”. De aprobarse definitivamente la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios supondría una rebaja de cerca del 7% en su nómina bruta anual. Esta medida permitiría al Ejecutivo de Mariano Rajoy ahorrar de forma inmediata un 14% del gasto pendiente en sueldos públicos (unos 4.000 millones).

Empleo también prepara recortes en el seguro contra el desempleo

Estas actuaciones estarían incluidas en el real decreto ley de medidas urgentes de racionalización y reducción del gasto en materia de empleo público que será presentado en breve por el Gobierno. El sindicato CSI-F ya ha advertido de que no descarta medidas de presión si finalmente se confirman unos recortes.

El Gobierno lleva varios días avisando de estos ajustes. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó el lunes que estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios. Sería la segunda vez que lo hace. En diciembre, el Gobierno ya elevó la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 37,5 horas. Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral ya que los funcionarios asumirían tareas realizadas por estos.

Por lo que respecta al seguro de desempleo, el Ministerio de Empleo ha trabajado en varias direcciones para adelgazar una cuenta que, en lo que va de año, crece sustancialmente. La primera opción —y la que parece tener más posibilidades de salir adelante, según fuentes del Gobierno— consiste en reducir de dos años a 18 meses el periodo máximo de cobro de la prestación contributiva. Otra, que excluiría la anterior, supone reducir la paga mensual. Ahora un parado cobra el 70% de su último sueldo como empleado durante los primeros seis meses de prestación y el 60% el resto del tiempo. La propuesta que maneja el Gobierno supone rebajar al 60% y al 50%, respectivamente. La otra, como ya insinuó la diputada del PP Elvira Rodríguez, sería endurecer las posibilidades de que un parado pueda rechazar una oferta de empleo.

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