Rato tiene derecho a una indemnización de 1,2 millones
Los directivos de bancos con ayudas públicas tienen limitado su blindaje. El presidente de Bankia recibirá como máximo el salario de dos años
El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, tiene derecho a cobrar tras dejar su puesto como máximo responsable de la entidad una indemnización máxima de dos anualidades. Rato ganó en 2011 un sueldo total de 2,34 millones de euros, lo que significaría que, si no se hubieran realizado reformas en el sistema bancario, podría embolsarse más de 4,6 millones de euros. Sin embargo, a efectos de la indemnización se tendrá en cuenta el sueldo que hubiese cobrado en 2012 y que, tras entrar en vigor el Real Decreto de al reforma financiera, quedó establecido en un máximo de 600.000 euros para aquellos directivos de entidades financieras que hubiesen recibido ayuda pública.
En el caso de Bankia, el Fondo de Reestructuración Ordenaria Bancaria (FROB) le prestó 4.465 millones de euros cuando se produjo la fusión de las siete cajas que hoy conforman la entidad. El futuro del actual consejero de Bankia, Francisco Verdú, todavía es una incógnita. En su caso, si abandonara la entidad ahora, no tendría limitada la indemnización como le ocurre a Rato, ya que llegó a la entidad para ocupar su puesto con posterioridad a que ésta hubiese recibido ayuda del FROB.
Rodrigo Rato ha presentado este lunes su renuncia por "estimar que es lo más conveniente para esta entidad", considerada como clave para la reestructuración del sistema financiero español. En un comunicado remitido a los medios, Rato ha añadido que va a proponer al consejo de la entidad la designación de José Ignacio Goirigolzarri como consejero y futuro presidente del grupo. Goirigolzarri, que fue directivo del BBVA durante 30 años salió de esta entidad el septiembre de 2009 con una pensión de 68,7 millones de euros, que cobró de una sola tacada.
La decisión de Rato coincide con los planes del Gobierno de poner en marcha de forma inminente un plan de saneamiento para Bankia que prevé la inyección de cerca de 10.000 millones de dinero público con el objetivo de cubrir su riesgo inmobiliario. Junto a ello, también se cambiarán gestores y parte del consejero.
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