Los expertos advierten que los ‘bancos malos’ necesitarán ayudas públicas
Gestores y accionistas deben asumir pérdidas antes que los contribuyentes El Gobierno abre la posibilidad de inyectar dinero para traspasar activos problemáticos
El Gobierno ha negado, más de tres veces, que haya “la más mínima ayuda pública para un banco malo”, como dijo Luis de Guindos, ministro de Economía, el 21 de abril. Desde entonces, la tormenta ha sacudido con fuerza. El FMI y el BCE reclaman actuaciones rápidas sobre el sector financiero; los bancos arrastran una caída media en Bolsa del 24% en el año; la prima de riesgo sigue disparada y los ratings de las entidades caen en picado.
En los últimos días, Guindos ha admitido alguna posibilidad de ayuda pública para que las entidades trasladen sus activos problemáticos a “sociedades inmobiliarias” a precios de mercado. Comúnmente se entiende que así se crea un banco malo, aunque no sea una entidad bancaria.
En el mundo financiero hay una máxima: “Para resolver los problemas, o tienes tiempo, o tienes dinero”. Está claro que no hay tiempo, así que solo queda ver cómo se explica a la opinión pública que, otra vez, y pese a la que está cayendo, el Estado ayudará a los bancos para que la economía española no se gripe definitivamente.
En el mundo financiero hay una máxima o tienes dinero o tienes tiempo. Y no hay más tiempo
Todos los expertos consultados creen que el real decreto de saneamiento, que ha exigido 50.000 millones a la banca, no es suficiente para poner a precio de mercado los activos inmobiliarios. Hará falta más dinero y la banca no lo tiene, así que llegará del Estado, dicen todos los expertos consultados.
Goldman Sachs y Merrill Lynch reclaman otros 50.000 millones para limpiar el ladrillo. El Santander, el BBVA, el Popular y el Sabadell intentarán no pedir dinero público para evitar el estigma de la nacionalización. Para la mayoría del sector, será necesario el salvavidas del Estado, pero con condiciones. “Este saneamiento debería exigir contrapartidas rigurosas en la propiedad y la gestión de las entidades saneadas”, apunta Aristóbulo de Juan, consultor y ex director general del Banco de España. Es decir, los gestores y los accionistas deberían asumir las pérdidas si las hubiera, antes que los contribuyentes. Otros expertos piden que “las ayudas sean vía préstamos remunerados con la posibilidad de que si los activos se revalúan, el Estado se beneficie”, como apunta Alfonso García Mora, socio de AFI. Pero no hay escapatoria. “No hay constancia de bancos malos en Europa en los últimos años que no hayan recibido asistencia publica”, afirma Íñigo Vega, experto de Cheuvreux.
Joaquín Maudos, catedrático de Economía, cree que el verdadero problema “es Bankia”. Pero añade: “Veo complicado crear un banco malo sin fondos públicos. El Gobierno se niega. Tendrá que cuadrar el círculo”.
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