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El Banco de España propone que las cajas abandonen el negocio financiero

El gobernador del organismo advierte que el sector necesitará más capital si la crisis empeora

A falta de tres meses para que deje el Banco de España, el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya ha comenzado a dictar su testamento financiero. Y lo hace en dos sentidos. Por un lado, quiere marcar el paso a su sucesor y al Gobierno y reclama que las cajas de ahorro salgan del negocio bancario. Por otro, defiende su gestión y culpa a los políticos de los lunares de su gestión: valga un ejemplo, el ex secretario de Estado les culpa a ellos por frustrar desde las autonomías fusiones que hubieran tenido como resultado entidades “más sólidas” que algunas de las que han cristalizado.

Acerca de la presión a la que estos días someten los mercados a la deuda española y la posibilidad de que esta espiral acabe por arrastar a España a un rescate, el gobernador ha dicho que "en absoluto, ni de lejos" contempla esta posibilidad.

Durante la crisis, apunta Fernández Ordóñez, se ha hecho mucho para poner la economía española en la senda adecuada de crecimiento. Pero todavía faltan cosas por hacer. Y entre esas cosas está profundizar en la línea seguida hasta ahora en los cambios en el sector financiero. Esto es, avanzar más en la bancarización del sector financiero y que los bancos creados coticen “todos en Bolsa”.

Para conseguir ese objetivo, el todavía gobernador propone “una ley que obligase a las cajas a que, en un plazo razonable, dejasen de participar de forma significativa en entidades de crédito e inviertan en lo que deseen –y quizá con mayor rendimiento- para seguir desarrollando su obra social”. En otras palabras, Fernández Ordóñez, en el XIX Encuentro Financiero, defiende que las cajas de ahorro se conviertan en inversores institucionales, como los grandes fondos de inversión o de pensiones, y que con los beneficios desarrollen la labor social que han desempeñado hasta la fecha.

Este paso supondría ahondar en la dirección caminada durante la crisis que ha conducido a la concentración del sector de cajas, al pasar de más de 48 a 14.

También mirando hacia el futuro, Fernández Ordóñez ha propuesto dar más competencias al Banco de España. “Convendría traspasar del Ministerio de Economía al Banco de España buena parte del régimen sancionador”, recomienda.

Las palabras del gobernador encierran la demanda de quitar poder a los políticos en el sector financiero, tanto en los órganos de Gobierno de las cajas de ahorro como competencias en las Administraciones. A ellos señala Fernández Ordóñez como culpables de que algunas fusiones de entidades hayan resultado fallidas: “Es conocido algún caso en que se frustraron alternativas interregionales más sólidas y se tuvieron que aceptar unas fusiones que […] eran claramente peores que las fusiones sugeridas por el supervisor”. De esto, culpa a que “las comunidades autónomas tenían la capacidad de vetar fusiones”.

También ha defendido Fernández Ordóñez su gestión cuando apunta que “el supervisor español no ha podido contar con un banco malo para reestructurar el sector”. Ha utilizado este argumento para justificar el ritmo lento con el que se está reorganizando el sector financiero en la crisis y que no el crédito no se recupere. Si ha sucedido así, ha sido porque se ha querido “utilizar la menor cantidad posible de recursos públicos”.

Más allá de las recomendaciones para el futuro, Fernández Ordóñez ha lanzado dos advertencias: el crédito no se recuperará solo con el final de la reestructuración financiera, será necesario que "aumente la demanda solvente". Y para ello, son necesarias las reformas. El segundo aviso es que, de momento, es suficiente con el capital que tienen la entidades financiera españolas, pero si la situación empeora y la economía cae este año más de lo previsto, será necesario más.

Sobre las reformas económicas, el alto funcionario ha vuelto a uno de sus temas recurrentes: la reforma laboral. Pero esta vez no lo ha hecho para demandar que se haga otra más profunda, sino para defender la aprobada en febrero por el Gobierno.

 

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