El Gobierno ignora el Estatuto y recorta la inversión a Cataluña en un 45%
El ministro Montoro justifica que el Gobierno "no es rehén de nadie" Navarra, La Rioja y Andalucía son las otras grandes perjudicadas La inversión solo crece en las autonomías de País Vasco y Galicia
La inversión del sector público estatal sufrirá un recorte del 24,9% en 2012 en comparación con el presupuesto aprobado para 2011. Caerá a 15.531,57 millones, la cifra más baja de los últimos años. Cataluña es la comunidad que sufre el mayor recorte, del 44,9%, hasta 1.403,21 millones. Con ello, la inversión regionalizable en la comunidad autónoma cae hasta el 11,1% del total, muy lejos del peso de Cataluña en la economía española.
El informe económico financiero de los Presupuestos Generales de 2012 no contiene ninguna explicación sobre el cumplimiento de los compromisos de inversión incluidos en los diferentes estatutos de autonomía. El Ejecutivo ha ignorado esos compromisos ya que, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no es rehén de nadie". La disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 preveía que la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña fuera equivalente al peso de la comunidad en el PIB durante un periodo de siete años.
Las otras comunidades con un mayor recorte de inversión son Navarra, con una caída del 40,6% hasta 79,98 millones; La Rioja, con un descenso del 37,8%, hasta 75,03 millones, y Andalucía, con un recorte del 37,7%, hasta 1.851,91 millones. Las inversiones en la comunidad andaluza pasan a ser un 14,6% del total.
Después de Cataluña, las comunidades con mayor recorte de inversión son Navarra, La Rioja y Andalucía
La inversión en la Comunidad de Madrid cae un 28,7% y su peso sobre el total también cae, a solo el 10% del total, muy lejos del peso de Madrid en la economía nacional. La cifra de 1.265,59 millones es mucho más baja que la de los presupuestos de años anteriores en que la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, criticó con dureza al anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por considerar que el Gobierno central invertía poco en Madrid.
Las únicas comunidades en las que aumenta la inversión son Galicia (+9,5%), que con 1.706 millones pasa a ser la segunda comunidad con mayor volumen absoluto de inversión, solo por detrás de Andalucía, y el País Vasco (+17,4%), con 521,75 millones.
Inversión territorial, por proyectos
El Gobierno explica en los Presupuestos que la inversión del sector público estatal se distribuye territorialmente en función de la localización de los proyectos. Existe una parte que no es susceptible de ser regionalizada debido a su naturaleza como, por ejemplo, las compras centralizadas en el lugar o sede del organismo que las realiza, con independencia de dónde vayan a utilizarse, inversiones inmateriales a las que por su propia naturaleza o es posible localizar en un lugar concreto, e inversiones, especialmente del Ministerio de Defensa, cuyo lugar de producción o fabricación es distinto de aquél en el que se formaliza la compra y del de utilización de tales bienes.
Además, señala que “aunque la territorialización de las inversiones puede resultar útil como una primera aproximación, existen una serie de limitaciones importantísimas en esta información que llevan a que las comparaciones entre territorios o entre años dentro de un mismo territorio estén frecuentemente sesgadas y resulten escasamente significativas e induzcan al error en las apreciaciones”.
Así, indica que “las comparaciones intertemporales son con frecuencia poco significativas, ya que muchas de las inversiones públicas tienen un carácter singular e irrepetible”, que “las diferentes realidades físicas de los territorios tienen incidencia en las inversiones del Estado” o que “la contribución del sector público estatal a la formación de capital en cada territorio es más amplia que la reflejada en los datos de inversión”.
Además, los planes de inversión que resumen estas cifras son solamente indicativos ya que están sujetos a diversas incidencias que pueden modificar su ejecución, como de hecho ha ocurrido con las cifras de 2011. Por todo ello, el Gobierno considera que “la interpretación de la información debe realizarse con enorme cautela”.
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