Industria anuncia que la luz subirá entre el 5% y el 7% a partir de abril

Veinte millones son muchos millones. Si se trata de usuarios y de clientes, como es el caso de los acogidos a la Tarifa de último Recurso (TUR), los 20 millones se convierten en un asunto delicado para cualquier Gobierno. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha elegido hoy el plató de una televisión, para comunicar otra mala nueva a los consumidores: el recibo de la luz, tras nueve meses congelado -gracias pacto PSOE-PP de junio de 2011- subirá entre el 5% y el 7% a partir del domingo.

Soria, que el lunes participó en un acto al que asistían todas las empresas del sector y en el que no dio detalles sobre sus planes, justificó la subida del recibo para los próximos tres meses en los autos del Supremo. El Alto Tribunal obliga al Gobierno a cumplir los límites anuales del llamado déficit tarifario (24.000 millones acumulados en la última década). Y esgrimió otro porcentaje como si fuera un estilete: la subida será de entre el 5% y el 7%, explicó, porque habrá sacrificios por parte de los usuarios, de las empresas y del sector público; si el esfuerzo recayera únicamente en las tarifas (es decir, en los usuarios) el recibo debería subir un 40%.

Despejada una de las incógnitas (la cuantía de la subida de la luz) y confirmado que Soria pretende impartir justicia tarifaria en tercios y no en mitades, al estilo Salomon, queda la incógnita de qué otras medidas acompañarán al incremento de la tarifa. Las empresas (y su patronal Unesa) dan por descontado que una de ellas será un recorte en la retribución que reciben por las inversiones realizadas en distribución. Y tanto les molesta que el presidente de Unesa, Eduardo Montes, poniendo una tonelada de vendas sobre la presunta herida, calificó el lunes el posible recorte de los pagos a la retribución de “crimen”. Palabras mayores y munición de grueso calibre.

Con la subida anunciada de la tarifa, Soria logra poner un remiendo aparente en la brecha entre ingresos y gastos del sistema eléctrico. Porque para que el recibo (compuesto de dos partes, el precio de la energía y los llamados peajes que pagan transporte y distribución) suba un 7%, los peajes habrán tenido que subir un 21%. Toda la fórmula es posible porque, además, en la subasta Cesur que marca el precio de la energía celebrada a finales de mes, el precio del término de energía cayó un 7,1%. Esa fuerte subida de los peajes (21%) supone, según los críticos con la medida, que los consumidores cargan con el grueso del esfuerzo contra el déficit. Tanto esfuerzo es, añaden, que esta subida hace innecesarios nuevos incrementos de la factura este año.

Las empresas mantienen la presión sobre Soria, si no en persona (acusan al ministro de haber cortado puentes de diálogo con el sector), sí en sus declaraciones a los medios y, sobre todo, a través de Unesa y su presidente, Montes. Mantienen que sus retribuciones van a bajar a pesar de que las tarifas van a subir. Y apuntan a los responsables del desfase: las renovables y sus primas. Las mismas, responden las empresas de renovables, que han sido congeladas por décadas por el Ministerio de Industria. Lógicamente, la versión de las empresas de renovables es diametralmente opuesta. Sólo una idea: las tarifas, aseguran, no suben más, mucho más, porque los precios de la energía acusan la entrada de las empresas de energía verde, que sujetan los precios que tratan de manejar las eléctricas tradicionales. ¿Y los usuarios? Las asociaciones hicieron lo único que pueden hacer: patalear en forma de comunicados que rechazan la subida en un momento de crisis.

Por su parte, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción, la subida de entre el 5% y el 7% en el recibo supondrá un encarecimiento medio del recibo de entre 3,7 y 5,18 euros, impuestos incluidos. En una nota, la asociación, que critica que Industria se haya "plegado" a "los intereses del sector", estima que un consumidor con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) —que ahora paga unos 73,99 euros al mes, o casi 60 euros más impuestos indirectos— pasaría a pagar entre 77,69 y 79,17.