A vueltas con el déficit público

El Ministerio de Hacienda publicó esta semana los datos de la ejecución presupuestaria del Estado de diciembre y, por tanto, de 2010 completo. Estos datos se ofrecen en dos versiones: caja y contabilidad nacional. En el primer caso, se recogen los ingresos y pagos efectivamente realizados (liquidados) durante el año, dando lugar al déficit de caja. La metodología de la contabilidad, en cambio, se basa en el criterio de devengo y recoge los derechos de cobro (recursos) y las obligaciones de pago (empleos) reconocidas, independientemente de si se han cobrado o pagado. El déficit de contabilidad nacional es el que se utiliza internacionalmente y a él nos referimos cuando hablamos del déficit público. A medio plazo, no debe haber diferencias apreciables entre ambos, pero a corto plazo sí las hay, pues entre el reconocimiento de los derechos u obligaciones y el cobro o pago de los mismos suele mediar tiempo, especialmente en los tiempos que corren.

Empecemos por las cifras de caja, que dan una información más detallada. Los ingresos totales no financieros recaudados por el Estado ascendieron el pasado año a 177.000 millones de euros. Esta cifra es menos de la mitad de los ingresos de todas las administraciones públicas. La Seguridad Social, con las cotizaciones sociales, se lleva aproximadamente un tercio de estos últimos y el resto lo recaudan directamente las administraciones territoriales. Aún estos 177.000 millones no se los quedó todos el Estado, pues unos 73.000 millones fueron transferidos a los entes territoriales como parte de los impuestos compartidos (IRPF, IVA y especiales). Respecto al año anterior, la recaudación total de 2011 fue un 1,1% superior y la correspondiente a los impuestos, un 1,3%. Si tenemos en cuenta que el PIB nominal aumentó un 2,1%, podemos concluir que un año más, desde que comenzó la crisis, ha bajado la presión fiscal. Y eso que las medidas tomadas por el anterior Gobierno (eliminación de los 2.500 euros por hijo nacido o adoptado, subida del IVA y aumento de las retenciones a cuenta del impuesto de sociedades) consiguieron un aumento extra de los ingresos de casi 8.000 millones. La razón principal de que los ingresos por impuestos aumenten menos que el PIB es que el crecimiento de los distintos agregados del PIB sobre los que se sustentan los distintos impuestos no es equilibrado: el gasto en consumo y vivienda nueva, que son la base del IVA y los impuestos especiales, crece por debajo del PIB, así como las remuneraciones de los asalariados, base del IRPF. El crecimiento del PIB se obtiene en los últimos años por las exportaciones netas, pero estas no pagan IVA. En definitiva, la subida de los impuestos solo sirvió para compensar este efecto composición del gasto, pero no para reducir el déficit.

La parte de ingresos que se quedó el Estado disminuyó un 18% respecto al año anterior. Pero esta tasa no es significativa, pues obedece al cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que vieron aumentar su participación en los impuestos a cambio de ver reducidas las transferencias que les hace el Estado. Por eso, entre otros factores, los pagos del Estado disminuyeron un 16%, hasta 151.095 millones. También en esta disminución influyó la caída de los pagos por inversiones y otros gastos de capital en un 27%. En cambio, aumentaron los gastos de personal (a pesar de la bajada del sueldo de los funcionarios) y, sobre todo, los intereses de la deuda. La diferencia entre ingresos y pagos dio lugar a un déficit de caja de unos 47.000 millones, un 4,4% del PIB. Esta cifra supone tres décimas más de lo previsto en los Presupuestos del Estado para 2011.

En términos de contabilidad nacional, el déficit ascendió a 31.256 millones, un 2,9% del PIB. Pero en esta cifra se computan los ingresos devengados (que no cobrados) por las liquidaciones del Estado con las administraciones territoriales a cuenta de los impuestos compartidos de 2009. Sin ellos, el déficit del Estado hubiera alcanzado un 5,1% del PIB, tres décimas más de lo previsto. Esto significa que el Estado fue responsable directo de un 12% de la desviación del déficit público total en 2,5 puntos porcentuales del PIB. Las comunidades autónomas fueron responsables de un 65%; la Seguridad Social, de un 20%, y las corporaciones locales, del 3% restante.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas)