Ecuador paga unos abogados para asesorar a sus nacionales ante los bancos

El Gobierno de Ecuador ha puesto a disposición de sus nacionales residentes en España, con cargo a sus presupuestos, un equipo de abogados para asesorarlos en asuntos hipotecarios. Se trata de la primera vez que un Gobierno extranjero se implica directamente en la defensa de ciudadanos en sus problemas con la banca española por hipotecas concedidas en los años de bonanza inmobiliaria y que hoy están en riesgo de impago.

El equipo que cobrará del Estado ecuatoriano lo componen seis abogados españoles, de los que tres estarán en Madrid, uno en Murcia, uno en Valencia y uno en Barcelona. El servicio se pone en marcha desde este miércoles 29. Estas tres ciudades concentran el grueso de una comunidad migrante, la más numerosa de España, que tiene 360.000 personas censadas pero algunos cálculos elevan la cifra hasta medio millón contando los irregulares. La Embajada de Ecuador calcula que un 10% de los 150.000 desahucios ejecutados desde el comienzo de la crisis son de ciudadanos ecuatorianos.

Las funciones de estos abogados son, en principio, de mero asesoramiento. Los ecuatorianos sin recursos seguirán acogiéndose a la justicia gratuita, como es habitual en un procedimiento de ejecución hipotecaria, aunque es excepcional por las mínimas posibilidades de defensa que la ley concede al deudor. La diferencia es que el abogado de oficio al que le toque el caso de un ciudadano ecuatoriano tendrá a su disposición toda la documentación de trabajo previo recopilada por estos abogados, pertenecientes a la Cooperativa Kinema, que llevan años asesorando a las asociaciones de inmigrantes y han estudiado cientos de casos. El programa está en fase piloto y por ahora no contempla la representación ante los juzgados, que tendría otro coste.

El programa por ahora no contempla la representación ante los juzgados

Las conversaciones para poner asesoramiento jurídico gratuito a servicio de los ecuatorianos comenzaron con la visita a España del ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, el pasado diciembre. En aquella visita, Patiño insistió ante todos sus interlocutores del Gobierno y del PP en la necesidad de dar solución al drama humano de los desahucios y se reunió con representantes de Izquierda Unida y de las asociaciones que denuncian la situación de las hipotecas para estudiar la posibilidad de proporcionar asistencia legal.

El Gobierno de Rafael Correa viene siguiendo de cerca la situación de los inmigrantes ecuatorianos atrapados en hipotecas que no pueden pagar desde que las asociaciones en España empezaron a verse desbordadas de consultas por este asunto, en 2009. El presidente incluso ha puesto en duda públicamente la legalidad de las hipotecas contratadas en España por las peculiaridad de que se pague la deuda íntegra una vez perdida la casa, algo impensable en países americanos. Correa, economista de profesión, llegó a declarar en 2010 que estudiaría la posibilidad de denunciar la legislación hipotecaria española ante instituciones de derechos humanos internacionales.

En el verano de 2010, el entonces embajador, Galo Chiriboga (hoy fiscal general de la República), envió una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la que alertaba de que se estaba viviendo un "drama hipotecario" en España y proponía soluciones temporales para aquellos que no pudieran pagar. Fernández Ordóñez nunca lo recibió ni contestó a su preocupación. Dos años y 150.000 desahucios después, los bancos comienzan a aplicar. algunas de las soluciones contenidas en aquella carta, como rebajas de cuotas o alquileres con derecho a recompra, para evitar que se agrande el drama humano de los desahucios.