La Unió denuncia que la Generalitat debe 21,9 millones a los agricultores

La Unió ha denunciado este jueves que la Generalitat debe 21,9 millones de euros a los agricultores de la Comunitat Valenciana, la mitad correspondientes a fondos transferidos por el Gobierno central para programas cofinaciados por ambas administraciones que en la actualidad se encuentran "retenidos por la Consejería de Hacienda".

Así lo ha asegurado en un encuentro con periodistas el secretario general de La Unió, Ramón Mampel, quien ha presentado un estudio sobre la "morosidad" del Consell con el sector. En concreto, de los 21,9 millones que adeuda a los agricultores, 16,78 corresponden a las ayudas para reconversión de cítricos; 2,16 a las dedicadas a nuevas tecnologías y Plan Renove de maquinaria; 1,5 a las ayudas por el pedrisco de 2010 en el Vinalopó y la Vega Baja; otro millón para paliar los efectos de las lluvias en el caqui y los 459.365 euros restantes, a las ayudas para luchar contra el virus de la Sharka.

Al respecto, ha alertado de que ese "incumplimiento de las obligaciones de pago" con el sector hace peligrar el "equilibrio" de las explotaciones dado que esos "impagos continuados" a los agricultores y ganaderos "provoca falta de liquidez que, unida a la conocida falta de financiación externa, hace al sector cada vez menos competitivo porque no puede reinvertir en mejorar sus explotaciones".

Según ha explicado, la mayor parte de los programas afectados corresponden a proyectos cofinanciados por las administraciones estatal y autonómica, en los que la Conselleria de Agricultura dicta las correspondientes resoluciones y el Ministerio, al recibir esos reconocimientos de deuda, transfiere los fondos a la Consejería de Hacienda, que debe aportar el otro 50% antes de hacer llegar esas ayudas al sector, pero "por ahora los tiene retenidos".

Según las mismas fuentes, en esas ocasiones la Generalitat valenciana recibe los fondos del Gobierno central "pero retrasa el pago de esas ayudas hasta el último momento para poder tener liquidez durante un cierto tiempo".

En cuanto a las ayudas que gestiona la Consejería de Agricultura como organismo pagador de las cuantías correspondientes de la Política Agraria Común (PAC), ha señalado que "generalmente se cumplen los plazos de pago", aunque algunas como las relativas al cese anticipado "se retrasan en demasiadas ocasiones" pese a ser "el único ingreso que tiene el beneficario, que además ha de pagar las cuotas de la Seguridad Social, tanto si cobra las ayudas como si no".

Según La Unió, es frecuente que se pierdan otras ayudas de Bruselas como las Indemnizaciones Compensatorias de Montaña (ICM) porque los benefiiarios sufren una disminución de sus rentas agrarias a causa de la crisis y, al tener que ser éstas su fuente principal de ingresos para percibirlas, únicamente con tener otros ingresos tales como algún alquiler pierden ya esas subvenciones.

No obstante, la preocupación de la organización agraria aumenta en las ayudas cofinanciadas entre el Gobierno central y el valenciano puesto que "puede ocurrir que se pierdan todas", como las destinadas al incendio en la comarca castellonense de L'Alcalaten de 2007, donde "por no poner la Generalitat tres millones de euros, se han perdido otros tres que ya había depositado la administración central". "