Los inversores de Nueva Rumasa exigen al juez registrar la casa de los Ruiz-Mateos

Los inversores de Nueva Rumasa que interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra los Ruiz-Mateos, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría Pérez Ferrero, han solicitado al juzgado la entrada y registro del domicilio del patriarca de la familia, José María Ruiz-Mateos. El despacho de abogados pide que se registre el domicilio de Ruiz-Mateos en Somosaguas (Madrid) para "recopilar toda la información que pudiera existir en ordenadores, papeles y documentos de los inversores afectados por el presunto delito que ahora se investiga", según figura en el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid.

La petición se produce después de que el patriarca de la familia remitiera desde este domicilio cartas a los inversores, entre ellas la última en la que les anuncia que ha vendido el grupo a la empresa Back in Business, de Angel de Cabo. El despacho de abogados, que también ha adjuntado la carta al juzgado, explica que en la propia misiva los imputados reconocen que la venta supone "un grave deterioro" para su patrimonio, ya que en ella aseguran haber realizado la venta sin contraprestación alguna, lo que, a juicio de los abogados, supone que "se están despatrimonializando" y sugiere un presunto "alzamiento de bienes".

Por este motivo, aseveran en su escrito al juzgado que José María Ruiz-Mateos, imputado y "administrador de hecho de todo el grupo", tiene toda la información de los inversores en su poder en su propio domicilio, que es a la vez sede social de algunas empresas. El hecho de que estas cartas se remitan desde esta dirección es, según Martínez-Echevarría Pérez Ferrero, un indicio de que "la dirección de todo el grupo se realiza desde este domicilio y que en él se encuentra toda la información de los afectados".

En el escrito al juzgado también se requiere que se realice un reconocimiento judicial de la página web a través de la que los nuevos compradores, Back in Business, han solicitado información a los inversores, y en la que figura el logotipo de Nueva Rumasa, "volviendo a confundir a los consumidores, inversores y querellantes de que puede ser la propia empresa la que les da una solución. Afirman que en esta página web no se cumple "ninguno de los requisitos" previstos en la Ley de Protección de Datos, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y la Ley de Consumidores y usuarios, por lo que piden el testimonio de las autoridades competentes en protección de datos y consumidores.

Solicitan, además, que se pida a las compañías gestionar esos servicios de Internet para que aporten al juzgado los datos necesarios para conocer los dueños y propietarios de dicha página web y del correo electrónico que consta en el mismo, con el objetivo de comprobar la "autoría compartida de los hoy imputados". El despacho que asesora a los inversores también ha solicitado al juzgado que se requiera a los imputados la fianza acordada y que con carácter urgente, si no se deposita, se realice el "embargo de bienes y derechos personales por las cuantías acordadas.

Ayer, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó a declarar como imputados, entre el 18 y el 19 de octubre, a José María Ruiz-Mateos, su mujer, sus seis hijos varones y un sobrino por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal en las empresas de Nueva Rumasa.

En un auto publicado ayer, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 también eleva de 13 a 30 millones la fianza que deberá depositar la familia Ruiz-Mateos para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que les exigen los inversores en pagarés que se han personado en las actuaciones penales contra ellos, que rondan ya los 300, informa Efe.

El patriarca de la familia Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus hijos Zoilo y Álvaro deberán ser los primeros en comparecer ante el juez, el día 18, mientras que el resto de la familia y uno de los sobrinos, Zoilo Pazos Jiménez, han quedado citados para el 19. El juez Pablo Ruz decidió investigar a la familia tras la querella del despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados en nombre inicialmente de 63 particulares que invirtieron un total de 9,44 millones en pagarés. Tras la admisión a trámite de esa querella, que fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha identificado a 1.017 inversores con una inversión de 90,49 millones.

La investigación persigue determinar el destino último de las cantidades que depositaron los inversores de Nueva Rumasa, que fue vendida por los Ruiz-Mateos a principios de septiembre a Ángel de Cabo, dueño de un fondo buitre, que también se hizo con Marsans.

Nueva Rumasa pidió dinero a los inversores diciendo que se destinaría a compras de empresas. Las cuentas anuales de la primera empresa que emitió pagarés, Carcesa, mostraron que al final una mínima parte de los fondos se destinó a ese fin, como desveló este diario.

Pero además, la correspondencia de Ruiz-Mateos con los directivos del Banco Santander, hecha pública por la propia familia Ruiz-Mateos, demostró que Nueva Rumasa no estaba en posición compradora, pese a lo que decía a los inversores. "Los tiempos no están para invertir, sino para recoger... a veces es bueno aparentar de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante nuestros proveedores y clientes", decía José María Ruiz-Mateos en una carta a Javier Peralta, director general de Riesgos del Santander, con copia al presidente de la entidad, Emilio Botín, y al consejero delegado, Alfredo Sáenz, que la propia Nueva Rumasa hizo pública a comienzos de marzo pasado junto a otras misivas que también pueden ser incriminatorias.