Finlandia advierte que si no recibe garantías para sus préstamos puede retirarse del rescate griego
Finlandia y Grecia alcanzaron un acuerdo bilateral para garantizar el pago del segundo rescate
El segundo rescate a Grecia va camino de convertirse en un largo epílogo de la tragedia griega. Si ayer fue Alemania la que aseguró que los acuerdos bilaterales tendrían que ser refrendados por el resto de países, en referencia al acuerdo pacto alcanzado entre Grecia y Finlandia para aumentar la protección del préstamos de país nórdico. Hoy es el turno de Finlandia que asegura que se retirará del rescate si no se le otorgan garantías a su rescate.
El Primer ministro Jyrki Katainen ha dicho que es una decisión que su parlamento solicitó para unirse al segundo rescate a Grecia. Al ser preguntado si el rechazo de estas garantías supondría no ayudar a Grecia, apuntó que sí. En el acuerdo alcanzado el 21 de julio por el Eurogrupo se establecía una claúsula que permitía los acuerdos bilaterales de garantías adicionales entre países.
Finlandia había alcanzado a principios de agosto un acuerdo de garantías con Grecia que suscitó las críticas de otros países de la eurozona que también expresaron su deseo de contar con garantías similares.
Por su parte, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania anunciará el próximo 7 de septiembre su veredicto sobre la legalidad de la participación del país germano en el rescate de Grecia en mayo de 2010, así como en el establecimiento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), ha informado la institución.
De este modo, el Constitucional dará respuesta a las tres demandas planteadas por un grupo de seis demandantes, entre los que se cuentan cinco profesores, incluido el catedrático de Derecho Constitucional Karl-Abrecht Schachtschneider, y el diputado conservador de la gubernamental CSU Peter Gauweiler.
Los demandantes afirman que los créditos y garantías alemanas para los rescates y el fondo del euro atentan tanto contra la Constitución alemana como contra los tratados de la Unión Europea, ya que la concesión de estas ayudas violan el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la legitimación democrática de esas medidas.
