La licitación de obra pública cae un 72% en Cataluña durante el primer semestre de 2011
La Cámara Oficial de Contratistas de Obras calcula que la inversión pública de todas las administraciones será un tercio menor que durante el pasado ejercicio
La política de reducción del déficit o de las administraciones públicas ha provocado una caída del 72,4% en la licitación oficial de obras en Cataluña en el primer semestre de este año respecto al mismo período de 2010.
La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (COCC) ha hecho hoy públicos los datos correspondientes a la primera mitad de 2011, que revelan que la contratación de obra pública ascendió a 840,6 millones de euros, lo que contrasta con los 1.704,6 millones de euros que alcanzó en el mismo período de 2010.
Por ámbitos, la licitación de obras de edificación fue de 502,6 millones de euros, frente a los 1.337,7 millones de 2010, lo que implica una caída del 62,4%.
La licitación de infraestructuras ha sido en este primer semestre equivalente a 338 millones de euros, cuando en los primeros seis meses del año pasado fue de 1.704 millones, lo que supone un descenso del 80,2%. Los organismos de la administración general del Estado han licitado obras en este semestre por un importe de 125,2 millones de euros, un 89,7% menos que el año anterior; y los de la Generalitat han encargado obra por 113 millones, un 85,1% menos.
Las corporaciones locales han contratado, por su parte, por valor de 602,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 43,7%, según los mimos datos. La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña recuerda, en un comunicado, que esta caída de la demanda pública de obras se suma a la atonía de la edificación privada, lo que tiene efectos muy negativos sobre el empleo en el sector. Este organismo, que ha analizado los presupuestos de la Generalitat para 2011, calcula que la inversión pública de todas las administraciones en Cataluña será de unos 4.300 millones de euros, equivalentes al 2% del PIB, lo que supone unos 2.100 millones menos que en 2010.
Ante esta situación, apunta que el ajuste en 2012 en licitación de obra pública "no puede reiterarse si no se quiere comprometer gravemente el potencial de crecimiento de la economía catalana".
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