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El Gobierno retira la reforma de las pensiones de los profesores

Los sindicatos rechazaron la propuesta del Ejecutivo para trasladar la actualización del sistema al régimen de las clases pasivas

El Gobierno ha decidido retirar su propuesta de elevar a 67 años la edad de jubilación y elminar el retiro anticipado a los 60 años para cerca de 650.000 empleados de la Administración General del Estado (AGE) acogidos actualmente del régimen de clases pasivas, en su mayoría personal docente. Según han informado desde fuentes sindicales, el Ejecutivo ha pedido "un periodo de reflexión" a los representantes de los trabajadores, que rechazaron la medida al incorporar todos los recortes y perjuicios del nuevo sistema de jubilación al incorporar al mismo a los profesores que ahora están en el régimen de las clases pasivas. Por el contrario, no se recogía ninguna de las ventajas con las que cuentan actualmente.

Tal y como han recordado hoy los sindicatos, el Gobierno se había comprometido a incluir la traslación de la reforma de las pensiones a las clases pasivas dentro de una reforma más amplia en la que también se preveía desarrollar el Estatuto Básico del empleados público así como el acuerdo salarial de 2009 que perdió su vigencia por el plan de ajuste y la congelación de los sueldos de los funcionarios.

"Han pedido un periodo de reflexión para hablar de los tres compromisos contenidos en el acuerdo social y económico", ha añadido el responsable de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo, antes de matizar que el Gobierno aún no ha concretado una propuesta alternativa ni fechas para tratar estos asuntos. En su opinión, la propuesta que el Ejecutivo hizo llegar a CC OO, UGT y CSIF el pasado 11 de marzo para incorporar a los profesores al sistema general y, por tanto, obligarse a retirarse a los 67 años de forma general, era una adaptación "parcial y restrictiva" de la reforma de las pensiones. "La adaptación se producía por el ajuste de gastos y no por el aumento de éste", ha insistido.

De la propuesta quedaban excluidos los magistrados, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De ahí que del total de 998.000 personas inscritas ahora como clases pasivas, el número de ellos que cambiarían de régimen y se adaptarían al general de la Seguridad Social se queda en 650.000.

El secretario de acción sindical y seguridad social de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CC OO, Raúl Olmos ha reconocido a Efe que las clases pasivas son un régimen a extinguir, pero ha defendido que su modificación debe basarse en dos premisas: que la integración en el régimen general sea para el conjunto de los empleados públicos y en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.

Así, ha explicado que los funcionarios no cobran la pensión según la cotización real, sino que se calcula según un "haber regulador" que es "muy inferior", lo que supone una menor cuantía de la prestación por jubilación. "CC OO es consecuente con la reforma de las pensiones, pero en toda su extensión, sin olvidar mejorar la contributividad de los empleados públicos", ha aseverado, tras recordar que el período de cómputo para el cálculo de la pensión en la AGE es de toda la vida laboral y no de 25 años, como estipula la actual reforma de pensiones.

Sobre la necesidad de que los colectivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional se mantengan fuera del régimen general, reconoció que el trabajo de estos empleados "no es el mismo" que el de otros funcionarios y que así debería quedar recogido en el régimen general.