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El Gobierno aprueba la reforma de la Ley Concursal

La nueva norma favorece la renegociación de deuda para intentar evitar insolvencias

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que refuerza los procesos 'pre-concursales' al favorecer los acuerdos de refinanciación de la deuda para intentar evitar que las empresas tengan que declararse insolventes.

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva legislación "llega para aliviar los trámites judiciales, otorgar mayor garantía a los derechos de los trabajadores y mejorar el funcionamiento de la administración, así como del sistema económico".

La nueva Ley Concursal favorecerá los acuerdos previos de refinanciación en favor de la viabilidad de las empresas, ya que trata de conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales este proyecto de ley para su aprobación definitiva, prevista para antes del verano. La futura ley perfecciona la reforma efectuada mediante Real Decreto Ley de 27 de marzo de 2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal.

El Proyecto pretende evitar que los procesos concursales acaben en liquidación estableciendo alternativas al concurso, desarrollando el procedimiento abreviado o simplificado, aumentando las atribuciones de la administración concursal e incluyendo reformas en materia laboral.

Respecto a los procesos 'pre-concursales', la ley facilitará las propuestas anticipadas de convenio, impulsará los acuerdos extrajudiciales de refinaniación e incrementará las posibilidades de que los acreedores que no intervienen en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

La administración concursal tendrá legitimación exclusiva para impugnar acuerdos de refinanciación. Para que un juez homologue un acuerdo y sus efectos se extiendan a otros acreedores, aunque se hubieran mostrado en contra, los que estén a favor deberán ser titulares de al menos el 75% de la deuda. Si concurren esas mayorías y no supone un sacrificio desproporcionado para el resto de entidades de crédito acreedoras, el juez lo homologará.

Por otro lado, se introduce por primera vez la regulación del llamado 'dinero fresco' que los acreedores inyectan a las empresas en dificultades. La nueva norma establece que el 50% de ese dinero nuevo tendrá la considerción de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa.