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El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que declara ilegal el sistema de concesión de licencias

El TSJM anula la mayoría de los artículos de la ordenanza que atribuye a empresas privadas la potestad para otorgar permisos

El Ayuntamiento no se rinde. Recurrirá ante el Supremo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han anulado la mayor parte de los artículos de la ordenanza que regula el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas. El TSJM ha aceptado en resoluciones los recursos que presentaron los empresarios y la Comunidad y ha declarado ilegal la norma. La ordenanza en cuestión se aprobó hace menos de un año y trasladaba a empresas privadas la potestad para conceder y controlar las licencias del Ayuntamiento de Madrid.

"Estas resoluciones judiciales anulan la Ordenanza, pero no tienen efectos inmediatos, dado que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación que suspenderá su ejecución (plazo de 10 días)", han confirmado desde el Consistorio. Una de las decisiones judiciales -la que resuelve el recurso de los empresarios- concluye que "procede declarar la nulidad" de 57 artículos y 4 disposiciones "que hacen referencia a las Entidades Colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas, cuya creación no es competencia del Ayuntamiento y no tiene cobertura legal suficiente". La resolución que nace del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid anula 62 artículos y cuatro disposiciones, coincidentes con los anteriores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que el Ayuntamiento es un "mero gestor" y por tanto no tiene competencia suficiente para legislar en temas de urbanismo. En todo caso, es una atribución de la Comunidad de Madrid, conforme al reparto de competencias que establece la Constitución Española.

Cuestiona también el periplo de reclamaciones y alegaciones que cualquier que solicite una licencia y le sea denegada tendría que recorrer para agotar las posibilidades de recurso hasta que la decisión sobre su licencia sea definitiva. El TSJM entiende que este proceso vulnera el derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva.