Bruselas prepara nuevas medidas ante la falta de eficacia de la directiva de Servicios

La directiva de Servicios, que entró en vigor en diciembre de 2009, no está produciendo los beneficios esperados. Las grandes expectativas que había despertado su difícil aprobación no se han traducido en realidades. La Comisión Europea ha anunciado un plan para eliminar las trabas a los servicios transfronterizos que suponen un serio obstáculo para el crecimiento y el empleo. Los servicios representan el 66% de la actividad económica y del empleo de la UE, pero los intercambios entre los países de la UE sólo suponen el 20%. Por otra parte sólo el 8% de las pequeñas y medianas empresas realizan actividades en países distintos a las que están radicadas.

Un mercado europeo de servicios que funcionara adecuadamente podría acarrear unas ganancias de hasta 140.000 millones de euros, lo que supondrá un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según la comunicación de la Comisión del pasado octubre. En este sentido el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha señalado que "en estos tiempos de crisis, debemos explotar todo el potencial de crecimiento que implica un mercado único de servicios integrado". "Esto", añadió, "permitirá a las empresas desarrollarse, innovar y crear más empleos, pero ofrecerá también servicios de mejor calidad a los consumidores y a las empresas de la UE".

Para corregir esta situación, la Comisión anunció ayer un paquete de medidas que se adoptarán en 2011 y 2012 que supondrán un "control de la eficacia" del mercado único desde el punto de vista del usuario. Por ejemplo se quiere comprobar los obstáculos que puede encontrar un arquitecto sueco para diseñar una casa en Italia o un residente finlandés que está interesado en emplear los servicios de un contable checo.

El control de la eficacia se realizará con un sentido práctico con el propósito de descubrir donde están realmente las trabas que dificultan el ejercicio de estos servicios en distintos países. La Comisión ya ha advertido que además de comprobar la aplicación de la Directiva de Servicios, analizará también otras medidas relativas a las restricciones impuestas en algunos países a ciertos prestarios de servicios en cuanto a la forma jurídica que pueden adoptar. Por ejemplo se mencionan las prohibiciones a los artesanos y carpinteros a constituir sociedades de capitales. También se señalan otras trabas como la obligación ser asesor fiscal diplomado para poder ser socio en una sociedad que ofrece servicios de asesoría fiscal.

De manera especial se quiere eliminar los obstáculos que impiden la prestación transnacional de servicios al prestador que no está establecido de manera permanente en el país en el que realiza la actividad. Un primer informe sobre los avances en la eliminación de estos obstáculos se publicará antes de finales de 2011 y después cada año.