Salgado pedirá a la banca datos periódicos para controlar la evolución del crédito

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado hoy que pedirán a los bancos y las cajas que les informen sobre los créditos que conceden para controlar la paulatina vuelta a la financiación de las empresas. Además, ha revelado que el Estado se ha embolsado hasta la fecha 2.500 millones de euros por las ganancias obtenidas en los avales concedidos a la banca.

Según ha avanzado la responsable del Ministerio de Economía durante su intervención en el Foro Cinco Días, su departamento se dirigirá a la Asociación Española de Banca, a la CECA -su homóloga para las cajas- y al Banco de España para que, de forma periódica, ofrezcan datos sobre los préstamos que les piden y el número de ellos que finalmente autorizan. El objetivo, ha añadido, es "poder decidir si hace falta una actuación adicional en el sistema financiero" para garantizar el crédito al tejido empresarial español.

El Santander ve con buenos ojos la medida

Además, la ministra ha concretado que las entidades deberán ofrecer estos datos de forma desagregada y diferenciar entre los créditos que conceden al sector inmobiliario y al resto. En la misma línea y ante la imposibilidad de controlar el tamaño de las empresas a las que les conceden los créditos, ha avanzado que les solicitarán que separen los créditos por el total de dinero prestado para hacerse una idea del volumen de las compañías.

Según ha explicado, actualmente ya "se dan todos los requisitos" para que la financiación vuelva a fluir vez superadas la crisis de liquidez y la más reciente crisis de confianza en los mercados de deuda. Para ello, ha recordado Salgado tras celebrar que el proceso de reordenación del sector financiero ya ha comenzado, el Gobierno ha puesto a disposición de las entidades el dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ha modificado la Ley de Cajas. También ha destacado el regreso de los bancos y cajas a las vías tradicionales de financiación en detrimento del recurso a las medidas extraordinarias del BCE.

Desde el propio sector financiero el primero en responder ha sido el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, que en la presentación de resultados de la entidad ha considerado que es positiva. Según ha afirmado, le parecen "fantásticas" las ideas para intentar elevar el crédito. "Nuestro negocio es el crédito y nosotros somos los más interesados -en que aumente-. Sin embargo, lo veo difícil porque la coyuntura actual es de caída del PIB y de reducción de la deuda tanto en familias como en empresas. Históricamente, cuando cae el PIB cae el crédito. Aún así, el Santander es el primer financiador del ICO, una de las líneas de actuación más importantes del Gobierno", ha afirmado el ejecutivo, según informa Íñigo de Barrón.

Ingresos extra por las ayudas a la banca

Sin salir del tema de las ayudas a la banca y preguntada acerca del futuro impuesto europeo a las entidades para sufragar futuras crisis, Salgado ha respondido que a esta nueva tasa "todavía le queda camino por aprobarse" pero que, en España, a diferencia de otros países, en lugar de costar dinero están permitiendo incrementar los ingresos. Aquí es donde ha revelado que, hasta la fecha, el Tesoro ha recaudado 2.500 millones por los créditos y avales concedidos al sector en concepto de intereses y comisiones. "En vez de costarnos dinero, hemos recaudado", ha valorado.

En cuanto a la controvertida petición del Instituto de Empresa Familiar de equipara a los funcionarios con los trabajadores del sector privado, la vicepresidenta segunda se ha mostrado en desacuerdo con esta idea. En cuanto a la petición del líder de la oposición de revisar el Estado de las autonomías, Salgado ha admitido que "puede mejorarse la administración", pero no el esquema que existe en la Constitución española. Además, sin citar a Rajoy, ha criticado que en el discurso de la oposición se dan cita algunas "incoherencias" porque "hoy dice una cosa -la petición de reforma- y mañana pide que se hagan transferencias a algunas autonomías". "Habrá que cambiar los efectos no positivos en el solapamiento de las administraciones", ha reconocido en cualquier caso antes de añadir que las prestaciones de los servicios públicos más importantes como la sanidad o la educación, son mejores si los dan las comunidades en lugar de la Administración Central.