La UE podrá intervenir directamente los bancos si el supervisor nacional no sigue sus consejos

Las tres nuevas autoridades de supervisión financiera de la UE, creadas hoy, podrán intervenir directamente las entidades en determinadas circunstancias si el supervisor nacional no sigue sus recomendaciones. Cuando se cumplen dos años del estallido de la crisis financiera, generada por la quiebra de Lehman Brothers, la Unión ha puesto en pie por primera vez un sistema de supervisión de todas las actividades financieras en el ámbito de los Veintisiete. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy por amplia mayoría un paquete legislativo que crea tres autoridades supranacionales que tendrán poderes vinculantes en la supervisión de las actividades de banca, seguros y bolsa en la UE, y cuyas sedes estarán en Londres, Frankfurt y París, respectivamente.

Las tres entidades estarán operativas a partir de enero de 2011. La Eurocámara ha dado luz verde también para constituir un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (CERS) para prevenir la generalización de las crisis, que estará presidido por el presidente del Banco Central Europeo.

La decisión, calificada de "acuerdo histórico" por el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, y el ministro de Finanzas belga, Didier Reynders, confiere poderes para intervenir directamente a una entidad financiera si el supervisor nacional no sigue las recomendaciones. Las tres autoridades fijarán también los criterios de los colegios de supervisores cuando examinen a las entidades que operan en varios países. Para los próximos días se prevé la regulación de las agencias de calificación de riesgos y de los fondos especulativos (hedge funds).

Barnier ha precisado que las nuevas autoridades tendrán plenos poderes para "supervisar producto (financiero) por producto, mercado por mercado y actor (financiero) por actor". "Se trata", ha precisado, "de evitar las crisis severas recurrentes, proteger a los consumidores y fortalecer el crecimiento".

El sistema de supervisión financiero de la UE se inspira en el informe elaborado en febrero de 2009 por el grupo de alto nivel, dirigido por el ex gobernador del Banco de Francia, Jacques de la Larosière, en el que desempeñó un papel relevante el economista José Pérez Fernández. Sus ideas sustanciales fueron establecer reglas comunes para una vigilancia similar de todas las entidades en Europa, la creación de tres autoridades supranacionales con facultades para dirimir las posibles discrepancias entre los reguladores nacionales cuando haya que decidir, por ejemplo, si se debe intervenir o ayudar a un banco.

Con esta reforma, Europa, primera potencia mundial en banca y seguros y segunda en valores, sigue los pasos dados por Estados Unidos en julio, en el marco de los acuerdos del G-20. En el caso europeo, se trata de la primera experiencia de supervisión supranacional.

Los poderes atribuidos a las nuevas autoridades han sido objeto de fuertes debates durante el último año, especialmente por las resistencias del Reino Unido a ceder soberanía en las decisiones que afectaran al presupuesto. Londres ha aceptado una versión que supone que la intervención no pude ser utilizada de manera abusiva.

José Manuel García-Margallo, del Partido Popular Europeo, vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento y uno de los negociadores más activos en el proceso, ha manifestado que el acuerdo "defiende los intereses de las familias y de los contribuyentes de la llamada exhuberancia irracional de los mercados". En su opinión "se trata de la primera respuesta seria de la UE para paliar las causas que condujeron a la crisis económica y evitar que en el futuro, sea otra vez el contribuyente quien corra a cargo de la factura".

El eurodiputado socialista, Antolín Sánchez Presedo, ponente del informe Ómnibus I, que modifica 11 directivas afectadas por la creación de las autoridades de banca y valores, ha señalado que la nueva arquitectura de supervisión "refuerza el control democrático sobre las instituciones". "La democracia", ha precisado, "no es sólo legislar, sino velar para que las leyes se cumplan efectivamente y esto es la supervisión". Sánchez Presedo destacó la aportación del Parlamento para que las nuevas autoridades ejerzan el liderazgo en los colegios de supervisores, porque "tendrán facultades para elaborar cuadros de indicadores que permitirán diseñar un mapa de riesgos tanto por sectores como por entidades".

Ramon Tremosa, eurodiputado por CiU, adscrito al grupo liberal, y ponente de uno de los informes ha destacado la relevancia del CERS, que actuará "como policía de los policías" por encima de las tres autoridades. Tremosa ha señalado que "a pesar de las presiones de algunos grandes bancos transfronterizos y de ciertos Estados, será el señor Trichet, quien arriesgará su prestigio y credibilidad en la vigilancia y detección de riesgos sistémicos (burbujas inmobiliarias y quiebras bancarias) en cualquier país de la UE". Las principales características de la nueva arquitectura de supervisión son:

Intervención directa de entidades. Las tres autoridades podrá intervenir directamente una entidad financiera en casos de emergencia, si el supervisor nacional no adopta las medidas aconsejadas.

Dirimir litigios entre vigilantes nacionales. Las autoridades europeas decidirán en el caso de que los vigilantes nacionales no alcancen un acuerdo sobre como tratar a una entidad que opere en varios países.

Prohibición de productos financieros. A propuesta del Parlamento las autoridades podrán investigar instituciones y actividades (como ventas a corto y en descubierto) y prohibir temporalmente productos financieros que supongan una amenaza grave.

Poderes del Parlamento. Los eurodiputados podrán oponerse a la designación de las personas seleccionadas por la Junta de Supervisores para ejercer como presidentes de las autoridades.

Estándares técnicos semejantes. Se elaborarán estándares técnicos y medidas de supervisión de aplicación en toda la UE que deberán ser aprobados por el Parlamento.

Protección al consumidor. El Parlamento ha priorizado a la protección de los consumidores sobre todo para evitar la exclusión financiera, autorizando la investigación de instituciones y actividades para defender sus intereses.

Revisión y aumento de competencias. Los poderes de las tres autoridades podrán verse incrementados en el futuro cuando se revise la normativa cada tres años.