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Carceller simulaba vivir fuera de España desde hace 15 años

La Audiencia Nacional descubre que el empresario, una de las mayores fortunas del país, guardaba más de 500 millones de euros en paraísos fiscales

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional, lanzaron anteayer, tal y como adelanta hoy la edición impresa de EL PAÍS, una operación por un presunto fraude fiscal cometido por el empresario octogenario Demetrio Carceller. Diez registros efectuados en empresas y domicilios de Madrid, Barcelona y Sevilla apuntan a que Carceller ha defraudado al fisco mediante la deslocalización de su domicilio fiscal a Portugal desde hace 15 años, lo que le permitió colocar más de 500 millones de euros en paraísos fiscales.

Hacienda informa en una nota que el "objeto" de la investigación, denominada Operación Pinta, es "demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas"; titularidad que estos años ha estado enmascarada tras "sociedades fiduciarias en territorios off-shore o paraísos fiscales". "La valoración de estos paquetes accionariales", prosigue el comunicado, "se estima en más de 500 millones".

La causa, que fue instruida en un principio por Baltasar Garzón, posteriormente relevado por Pablo Ruz tras la salida del primero de la Audiencia Nacional, arrancó hace más de un año, con las pesquisas en torno al bufete de abogados Petrus, asesor jurídico-financiero de empresarios catalanes, algunos de los cuales están ahora implicados en la Operación Pretoria. Ruz ha ordenado el bloqueo de los paquetes de acciones.

Fuentes policiales explicaron ayer que el hijo de Demetrio Carceller (del mismo nombre que el padre) podría verse afectado por la investigación policial. No obstante, otras fuentes, esta vez familiares, descartaron que las indagaciones perjudiquen a Demetrio Carceller hijo, que a su vez es presidente de la petrolera DISA y de la cervecera Damm, además de accionista de Sacyr, Gas Natural, Ebro y CLH.

El asunto de la familia Carceller ocurre días después del requerimiento de información de la Agencia Tributaria a titulares de 3.000 cuentas opacas en Suiza. Fuentes policiales han indicado a este periódico que no hay relación entre ambas investigaciones.